“Quizá la Ley no me pueda obligar a amar a un hombre, pero puede impedirle que me linche y creo que eso es muy importante”.
Martin Luther King
Una vez más hemos visto un intento de linchamiento en nuestro país. Este nuevo caso tuvo lugar el cinco de enero en el pueblo de Santiago Atlatongo, en el Municipio mexiquense de San Juan Teotihuacan, e involucró a cuatro policías judiciales del Estado de México.
Éstos habían detenido al comisario ejidal Antonio Ángeles Sánchez y a su secretario Luis Valeriano Aguirre, pero una turba liberó a los detenidos y empezó a golpear a los policías, los cuales se refugiaron en una ambulancia. Sin embargo, hasta ahí los cercó la multitud.
En contraste con lo ocurrido con el linchamiento de San Juan Ixtayopan del 23 de noviembre, la Policía Judicial del Estado de México sí actuó con fuerza y oportunidad para liberar a sus compañeros. Sin embargo, la liberación de los judiciales se llevó a cabo en un momento en que un grupo de comandantes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de México negociaba con los pobladores.
El resultado fue que éstos retuvieron a tres comandantes de la policía mientras que las autoridades detuvieron a un hombre llamado Jesús Céspedes que participó en la gresca. Al final los policías retenidos fueron intercambiados por Céspedes, quien mostraba signos de haber sido golpeado.
Qué bueno que en esta ocasión no se registraron muertes violentas como ocurrió el 23 de noviembre. Pero lo relevante es que lo sucedido ratifica el hecho de que vivimos en una sociedad sin Ley, en que la policía no es respetada y no ejerce como debiera el monopolio de la fuerza. Por otra parte, al negociar la aplicación de la Ley con las turbas linchadoras, las autoridades generan incentivos para nuevos linchamientos.
El comisario ejidal y su secretario fueron presuntamente detenidos por tirar desechos en un basurero clandestino. Esto es, efectivamente, un delito y uno que hace mucho daño a la sociedad, por lo que resulta inquietante que un comisario ejidal sea quien lo cometa. Pero la labor de un agente judicial, al contrario de un policía preventivo, no es detener a delincuentes en flagrancia sino cumplir con las órdenes de detención que gire un juez. Y en este caso no parece haber existido ninguna orden judicial.
Hay que preguntarse, pues, si los agentes judiciales estaban en realidad haciendo su trabajo o más bien querían chantajear a dos personas a las que habían descubierto realizando un delito menor.
Por otra parte, preocupa que en los casos recientes de linchamientos las víctimas no sean ya necesariamente delincuentes sino más bien agentes de distintos cuerpos de policía. Esto ratifica el hecho de que los mexicanos no vemos a los policías como símbolos de autoridad y honestidad, sino más bien como una categoría de delincuentes: intermedia quizá entre los ladrones y los secuestradores.
El deterioro de la imagen del policía, que debería ser símbolo de autoridad y confianza en una sociedad bien gobernada, es uno de los más inquietantes termómetros de la actual situación social en nuestro país.
Las autoridades del Estado de México recurrieron una vez más a la negociación con la turba para poner fin al incidente. Ésta ha sido la estrategia durante años de gobiernos de distinto nivel en nuestro país. La negociación, como ocurrió ahora, suele dar buenos resultados pues evita actos mayores de violencia. Pero en ocasiones lleva a tragedias como la de San Juan Ixtayopan. Por otra parte, implica una riesgosa decisión discrecional de cuándo aplicar la Ley y cuándo no.
Tanto la negociación inicial de Santiago Atlatongo, como el intercambio del detenido Jesús Céspedes por los tres jefes policiacos que la turba mantenía como rehenes, implica que no habrá castigos en este nuevo linchamiento. Los judiciales se quedarán con los golpes sufridos a cambio, me imagino, de que no se investiguen las irregularidades en la detención del comisario ejidal y de su secretario. La falta de castigo, sin embargo, se convierte en un incentivo para nuevos linchamientos en el futuro.
Todo el episodio de Santiago Atlatongo debe verse con tristeza. Claramente vivimos en una sociedad ingobernable en el sentido más puro de la palabra: no contamos ni con una Ley que se aplique de manera consistente ni con una autoridad que la pueda aplicar. Por eso los linchamientos seguirán sucediéndose. La culpa no es de los pueblos, sino de los gobiernos que no pueden o no quieren gobernar.
Círculo cercano
No entiendo porqué el procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida adelanta que los asesinos de Enrique Salinas de Gortari están dentro de su “círculo cercano” y después se niega a aclarar porque quiere evitar la impunidad. Más sensato sería haberse abstenido de declarar, hasta que se cumplieran las órdenes de aprehensión.
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