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Francisco Cárdenas

Con la autonomía y facultades que tiene, la Auditoría Superior de la Federación es la instancia adecuada para darle seguimiento e investigar las acusaciones públicas sobre el enriquecimiento inexplicable y los negocios turbios de la familia del presidente Vicente Fox aparecidas en los últimos días, señaló la senadora priista Martha Tamayo Morales, integrante de la Comisión de Justicia y secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos de su Cámara, quien admite que a la que le competería intervenir de inmediato es a la Secretaría de la Función Pública, ?pero como ésta depende del Ejecutivo, es difícil que indague esas acusaciones?.

A su vez, el diputado Salvador Sánchez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF y priista también, declaró que el mandato que tienen los integrantes de la actual legislatura es hacer que los mexicanos crean en las auditorías que se hacen a la aplicación de los recursos del erario y denunció que ?en el Gobierno de Vicente Fox hay resistencia a la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y solamente tienen la intención de ?abrirse?, pero no en la rendición de cuentas, que es el propósito de toda fiscalización: en los hechos hemos comprobado que cuando le hemos llegado a ese intento, ellos son los primeros en resistirse a que la fiscalización se lleve a la práctica?.

Aseguró que ?a la hora de las auditorías, a la hora de la verdad, nos hemos encontrado serias resistencias y al revisar las Cuentas Públicas nos hemos encontrado la repetición permanente de irregularidades que se siguen cometiendo y cuando se toca a ciertas dependencias, a ciertas Secretarías, nos encontramos con que se busca la forma de que la auditoría no pueda ir más allá de donde nosotros queremos ir, pero esa resistencia la tenemos que combatir poco a poco, porque la fiscalización de los recursos públicos es un mandato de los electores y de todos los mexicanos?.

Y la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del PRD, quien encabeza la Comisión Especial Plural que investiga el presunto tráfico de influencias de los hijos de la señora Marta Sahagún a favor de ?Construcciones Prácticas, S. A. de C. V.?, anunció que ya solicitaron al auditor superior, Arturo González de Aragón, que proporcione toda la información de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria que hayan celebrado contrato con esa empresa, desde el registro de contratistas y proveedores del Gobierno Federal; relación de los participantes en todos y cada uno de los concursos, concursos por invitación y asignaciones directas realizadas por aquéllas desde febrero de 2002 a la fecha; relación de contratos celebrados por esos organismos que se han desincorporado en donde conste si hubo intermediarios y los datos generales de la operación, superficie construida y de terrenos; avalúo y contrato de compra-venta.

Informó que la documentación que entregó a la Cámara de Diputados el director general del Infonavit, Víctor Manuel Borrás Setién, en su comparecencia del pasado 12 de julio, fue turnada a los miembros de la Comisión que ella preside.

Los tres legisladores hablaron a propósito de las acusaciones aparecidas en el libro ?La Familia Presidencial. El Gobierno del Cambio bajo sospecha de corrupción?, de las reporteras Anabel Hernández y Arelí Quintero, que deben investigarse y que hasta ahora sólo han merecido descalificaciones gubernamentales de que son ? falsedades?.

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