Ni todo el escándalo que hace una semana originó la filtración televisiva de las operaciones financieras y adquisición de bienes raíces de los hijos y la esposa del precandidato presidencial del PRI, Arturo Montiel; ni la acusación que éste le hizo a Roberto Madrazo, su adversario en la contienda interna de ese partido, responsabilizándolo de haber entregado la documentación presuntamente “confidencial” a Televisa; ni el hecho de que Elba Esther Gordillo haya terciado en ese enfrentamiento para volver a arremeter contra su hoy odiado ex líder nacional del tricolor; ni la urgente reunión que algunos ex gobernadores priistas sostuvieron el jueves pasado para analizar la crisis en las filas de su partido, lograron frenar ni distraer la atención en las investigaciones que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que preside la perredista Martha Lucía Micher Camarena, lleva a cabo sobre el presunto tráfico de influencias de Manuel Bribiesca Sahagún y que día a día y semana a semana le están resultando a éste más y más circunstancias comprometedoras.
El públicamente denunciado negocio realizado por el hijo de Marta Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox, junto a su socio Miguel Isaac Khoury Sima, a través de la comercializadora “ El Fénix” y el Grupo Kilate, con la adquisición de mil 700 casas en una subasta del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, a tres mil pesos cada una que después revendieron en más de 250 mil pesos, fue tema de debate en el programa “Frente a las Cámaras” que produce la Cámara de Diputados, en el que la Oposición insistió en que lo que antes de las indagaciones de la Comisión Especial Plural eran “especulaciones” y “rumores”, hoy se empiezan a establecer como ilícitos que hay que castigar conforme a la Ley.
Ante el señalamiento del diputado panista Federico Döring de que esa comisión legislativa no investiga a los hijos de “la primera dama” ni a otras personas, sino el nexo, si lo hubiese, entre aquella empresa y algunas otras por el manejo del Presupuesto de Egresos de la Federación, la diputada Micher Camarena le respondió que “se tiene documentado que Construcciones Prácticas adquirió del IPAB, a través de la comercializadora ‘El Fénix’, mil 700 viviendas por seis millones de pesos, a tres mil pesos cada una” y que si esa operación, que benefició al Grupo Kilate, no fue ilegal, “sí es un asunto inmoral y vamos a insistir para que salga la inmoralidad que hay en el IPAB”.
En el debate con Döring, la legisladora guanajuatense del Sol Azteca reveló haber recibido una llamada de Khoury Sima, “socio de Manuel Bribiesca”, para acordar una reunión con la Comisión que preside y a su vez, el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal, miembro de la Comisión, declaró que “sí hay documentos comprobatorios de un fraude al patrimonio público porque burlar las reglas del IPAB para simular una subasta, como se hizo en este caso, es un acto penado por la Ley”.
Total que por más escándalos políticos mediáticos para, supuestamente, distraer a la opinión pública de las investigaciones sobre el presunto tráfico de influencia de los Bribiesca Sahagún, éstas siguen adelante por parte de la comisión legislativa que preside la diputada Micher Camarena, quien ya reiteró que no cejará hasta que aflore la verdad.
