Ese mea culpa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, de que en el caso del predio El Encino hubo desacato judicial del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría General de la República en tiempos del general Rafael Macedo de la Concha, por instrucciones del presidente Vicente Fox, determinó que no se ejerciera la acción penal correspondiente contra el hoy candidato presidencial del PRD, confirma lo que ha sido un secreto a voces a lo largo del sexenio: que la justicia en este país se politizó y que la impunidad adquirió rango institucional.
Para colmo, salir ahora como lo hizo el titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, con que esa dependencia todavía no ratifica la decisión de no actuar penalmente contra López Obrador por haber violado el amparo concedido al propietario de ese predio ubicado en Cuajimalpa, y que el caso sigue “abierto”, no sólo parece ocioso y absurdo, sino peligroso.
¿Acaso quiere hacer creer el notario guanajuatense que el abanderado del Sol Azteca podría ser encarcelado antes o durante su campaña electoral en la que se mantiene en primer lugar, aunque cada vez con menor ventaja, en las encuestas de opinión sobre preferencias electorales? Que el perredista tabasqueño incurrió en el desacato que le imputó Macedo de la Concha y que el presidente Fox a través de la PGR decidió no actuar en su contra para “evitar males mayores” y “por el interés general”, quedó más que claro en el informe de labores que el presidente de la Corte rindió el jueves pasado ante el propio Ejecutivo federal, miembros de su Gabinete, y los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado...
El mismo Azuela Güitrón reconoció que ese hecho “debe verse con inquietud en el futuro pues se corren los riesgos, en el peor de los casos, que se multipliquen las violaciones a la suspensión y, lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias, todo ello de manera impune o, en el mejor de los casos, que el acatamiento a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación quede sólo a la buena fe y expedita conducta de las autoridades responsables que quieran dar testimonio de civilidad”. Háganos el favor.
O sea que el Poder Judicial, el que tanto publicita su independencia y autonomía y aplica estrictamente la Ley, supuestamente sin influencia ni presión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no pasa de ser, como en el pasado de gobiernos priistas, sólo un buen deseo, porque cuando de ejercer acciones legales se trata, todo queda sujeto a “evitar males mayores” y a atender “el interés general”.
Como sucediera en el caso de la construcción del aeropuerto internacional que se proyectó construir en Texcoco y que iba a ser la obra cumbre del Gobierno foxista, al que, machetes en mano, se opusieron los ejidatarios de San Salvador Atenco con los que no se negoció previamente o se intentó hacerlo a posteriori, cuando la violencia amenazaba envolver al país.
Esas pifias y temores gubernamentales de actuar para aplicar la Ley, como sucedió con el desacato judicial del ex jefe del GDF, y en lo del aeropuerto de Texcoco, son ominoso signo de lo que pudiera suceder ante eventuales conflictos postelectorales el año próximo, si López Obrador llegara a ser derrotado en la elección presidencial y se niega a aceptar el resultado de los comicios, la legitimidad de los mismos y el anuncio oficial que haga el IFE al reconocer un triunfador que no sea él.
