Esperemos que las promesas de Fox cuando asegura que tendremos un proceso electoral impecable, sean más confiables que su efímero “nuevo paradigma legal” que apenas duró un par de semanas luego de ser anunciado en su gira por Europa. Si Fox quiere efectivamente asegurar un proceso electoral legítimo, terso y confiable tendrá que poner atención a varios cabos sueltos. Los nubarrones siguen allí y podrían hacerse tormenta para el verano de 2006.
Para nadie es un secreto que el IFE de 2006 es más débil que el IFE de 2000. En parte ello es resultado del golpeteo del que ha sido objeto el Instituto por parte de los partidos políticos, luego de las multas que repartió con severidad y corrección. Uno tras otro, cuando les tocó el turno de ser sancionados, el PRI, el PAN, el PRD y el PVEM pusieron en duda la imparcialidad y la capacidad técnica de los consejeros. Es decir, todos han contribuido a debilitar al árbitro. Por otro lado, también es cierto que el prestigio profesional de esta nueva camada de consejeros no alcanza los niveles que caracterizaba a la anterior generación.
Por esos motivos, el presidente Fox tendrá que asegurar la mayor institucionalidad posible de las dos dependencias que se involucran en el contexto político y legal dentro del cual se realizan las campañas: la PGR y la Secretaría de Gobernación.
En el primer caso ya no hay mucho que hacer. El titular de la Procuraduría, Cabeza de Vaca, es un consejero jurídico que proviene de la oficina del presidente y lo acompaña desde el Gobierno de Guanajuato. Se va por la borda cualquier intento de pretender una autonomía relativa de parte del Poder Judicial y los ministerios públicos. En los últimos años el titular de Los Pinos había guardado cierto decoro en las formas, al escoger procuradores que no formaban parte del círculo presidencial. Con ese espíritu Ernesto Zedillo designó al panista Lozano Gracia al arranque del sexenio y el propio Fox nombró a un general, Macedo de la Concha, sin militancia partidista. En ese sentido, con el nombramiento del abogado de cabecera de Fox, la Presidencia ha retrocedido en lo que comenzaba a ser una sana tradición. Cualquier intervención de parte del Poder Judicial en los asuntos políticos será percibida como si viniese diseñada a favor del PAN o para proteger de escándalos al Gobierno “del cambio” (¿los hijos de la señora Marta Sahagún, por ejemplo?).
De ahí la importancia de encontrar un secretario de Gobernación aceptable para las fuerzas políticas. Muchos de los fracasos de Fox tienen que ver con el hecho de que su operador político nunca fue percibido como un árbitro o un coordinador imparcial de alianzas, sino como un rival para 2006. De alguna forma los gobiernos priistas lo habían percibido hace muchos años. El último candidato presidencial que salió de Bucareli fue Luis Echeverría Álvarez, hace 35 años. Desde entonces los presidentes buscaron tener un operador que no fuera juez y parte y en esa medida eligieron titulares de Gobernación que no resultaran amenazantes para los otros actores políticos (aunque algunos de ellos lo hayan intentado, como Manuel Barttlet). Con la falta de oficio que le caracteriza, Fox ignoró este hecho y su Gobierno pagó las consecuencias. Creel fue un competidor de aquéllos a los que debería haber convocado; no pudo ser el artífice para lograr las negociaciones que requerían las reformas que nunca llegaron.
La secretaría de Gobernación necesita adquirir la distancia institucional necesaria para cuidar los procesos políticos de fin de sexenio, que estarán definidos por la sucesión. Por lo mismo, no es conveniente que uno de los actuales subsecretarios quede a cargo del despacho, toda vez que su jefe actual, Santiago Creel, será uno de los principales contendientes en la competencia. Llegado el caso de que la Secretaría de Gobernación tuviese que intervenir en los aspectos políticos que dan contexto a la campaña presidencial, será difícil atribuir imparcialidad de las acciones del responsable de la política, si éste fue subordinado del candidato de PAN.
De igual forma, no es conveniente un titular que proceda del bando de los duros dentro del gabinete, ex yunques y personeros de la derecha, porque sus acciones serían percibidas con desconfianza por otras corrientes políticas.
Si en verdad Fox está dispuesto a actuar como jefe de Estado, sería muy conveniente que por esta vez, escogiese un responsable de la política que resulte de una consulta discreta pero efectiva con las fuerzas políticas que estarán en la contienda. Lo último que le conviene al país es una serie de árbitros que, de entrada, sean repudiados por los participantes.
El presidente dio un paso importante al detener la locura que significaba inhabilitar electoralmente a un enemigo político, mediante el manejo “interesado” de las leyes. Pero la polarización y desconfianza que generó el uso político de las instituciones no se habrá de esfumar como por encanto. La sensación de ilegitimidad regresará al menor asomo de parcialidad. El IFE es más débil que hace seis años y la PGR es una extensión de Los Pinos. Fox requiere un operador político, aunque sea al final del sexenio, que asegure que esta vez, al menos, los deseos del presidente se parezcan a la realidad.
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