El tiempo de la actual administración estatal se acaba y están pendientes casos importantes
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- En la recta final de la administración estatal, el procurador de Justicia, Óscar Calderón Sánchez, tiene pendientes por resolver crímenes sonados que generan la atención de la sociedad lagunera. El tiempo se agota y no hay resultados.
Asesinatos como el cometido contra Sergio Álvarez Martín del Campo, de 23 años, no están resueltos a satisfacción de los deudos, toda vez, que si bien está identificado el probable responsable Rafael Padilla López, de 27 años, hermano del pugilista lagunero conocido como ?El Cloroformo?, aún no se ejecuta su captura.
El crimen ocurrió afuera del antro denominado Don Quintín, la madrugada del 20 de febrero del año en curso. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a la fecha, no cuenta con indicios que ayuden a la localización del presunto responsable, que en su momento fue identificado y posteriormente se consignó la averiguación previa ante el juez penal que giró la orden de aprehensión.
Gerardo Torres Carrillo, delegado en La Laguna Uno de la PGJE, reconoce que del homicidio sólo se cuenta con la orden de aprehensión, pero falta la detención del inculpado, aclarando que se han atendido todos los indicios sobre su localización en territorio nacional y extranjero.
La tardada extradición de Enrique Busquets Casanova, probable responsable del homicidio del niño Carlitos, cometido en enero de 1999, es otro asunto pendiente para el procurador Calderón Sánchez, quien si bien declaró recientemente que el trámite legal está varado en la Procuraduría General de la República (PGR), para la sociedad lagunera el caso no se ha resuelto plenamente.
Como el revés más grande de la PGJE, durante la actual administración que está por concluir, figura el crimen cometido el 14 de enero de 2000, en agravio del sacerdote José Ignacio Flores Gaytán, y donde la autoridad se cansó de señalar a Rebeca Galindo Bautista como la probable responsable.
En su oportunidad se dio a conocer, que después de un largo proceso penal, los tribunales de justicia determinaron que no había elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad de la entonces inculpada. Torres Carrillo sostiene que para la PGJE, la presunta responsable fue la mujer absuelta.
La ejecución del comandante del Grupo Especial Antisecuestros de la PGJE, Cipriano Floriano Navarrete, cometida en octubre de 2002, tampoco está esclarecida, y sólo extraoficialmente se sabe de avances significativos, aun cuando la averiguación previa todavía se encuentra en el status de investigar a quien resulte responsable.
Ana Luisa Guerrero Olivares, joven estudiante de una universidad de la localidad, figura en la lista de las personas más buscadas de la PGJE, y cuenta con orden de aprehensión por el delito de homicidio, luego de terminar con la vida de una compañera de escuela, el 12 de enero de 1999.
Torres Carrillo señaló que en su momento, fue comisionado para investigar personalmente el caso y asegura que se agotaron todas las líneas de investigación para ubicar a la probable responsable, de quien se tienen indicios que radica en el extranjero.
Un mes resta del sexenio del Gobierno de Enrique Martínez y Martínez, los casos sonados de homicidios prevalecen y la sociedad lagunera exige respuesta y justicia para todos los deudos.
