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Radiografía | Fracasó la estrategia

Narcotráfico, una batalla que se está perdiendo

Falta voluntad e inteligencia para frenar la ola delictiva.

El Siglo de Torreón

Comarca Lagunera.- En México existen muchos policías, sin embargo no contribuyen a reducir el índice delictivo. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el país hay 331 mil policías entre federales, estatales y municipales. Pese a su número, no han podido evitar que se mantenga un promedio de 1.5 millones de delitos denunciados al año desde 2000.

México tiene 315 policías por cada 100 mil habitantes, lo que lo ubica arriba de países como Estados Unidos, donde hay 238 agentes por cada 100 mil habitantes; Alemania que tiene 262 y Japón con 208.

Para Guillermo Zepeda, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), las corporaciones policiacas podrían prescindir de una tercera parte de sus elementos, si éstos estuvieran mejor seleccionados y capacitados.

Según SNSP, en el país existen 151 mil 124 policías preventivos estatales y 133 mil 625 municipales, a los que se suman los 15 mil 261 efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP). El país dispone además de casi 32 mil agentes bajo el mando de la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías estatales.

En este escenario Roberto López Franco, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (U. A. de C.), e integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana de la PGR, afirma que el problema de la disputa de los territorios rebasó tanto a los grupos que operan en diferentes partes del país, pero por otro lado, también las autoridades están ampliamente rebasadas en algunas entidades como Tamaulipas, donde las ejecuciones por este motivo se registran prácticamente a diario, mientras que en Sinaloa desde hace años el narco representa un poder absoluto. El académico cree que en este momento los grupos de poder del narcotráfico le están declarando la guerra la Estado.

“La guerra está perdida, creo que las autoridades la perdieron hace tiempo y esto obedece a que nuestros políticos han presentado incapacidad para enfrentarse a un poder que evidentemente produce mucho dinero; nuestros políticos en general tienen una avidez por el dinero y parecería ser que la consolidación económica tendría que ver para ellos con la consolidación política. No se asegura que estén vendidos, pero sí creo que muchos de los políticos no tienen la voluntad ni el talante ni la inteligencia para enfrentar un tema como el narcotráfico”.

Para el sociólogo, Lerins Varela Castro, es evidente que el Estado no está siendo capaz de evitar que se den enfrentamientos entre las diferentes bandas de narcotraficantes.

“Pienso que el problema no es que se esté perdiendo la batalla, sino que se está descubriendo qué tan grave es el asunto. De repente sabemos que ciertos gobernantes están involucrados y al final de su mandato, hasta se descubre que formaban parte de esas organizaciones; la diferencia es que durante mucho tiempo estos hechos no se dieron a conocer y en la actualidad hay mucha más información”.

Alberto Montes, presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna de Durango, asevera que la batalla sí se está perdiendo, porque en realidad no está combatiendo el narcomenudeo en las ciudades, lo único que combate es el narcotráfico a gran escala, el que va a Estados Unidos, “¿porqué?, por presiones de los norteamericanos simple y sencillamente, al Gobierno que tenemos le interesa quedar más bien con los norteamericanos que con la propia ciudadanía, el narcomenudeo aumentó desde que llegó el presidente Fox al poder, antes sí existía pero no en nuestras ciudades, existía como país de paso”.

Para Rosa María Franco Parra, coordinadora de la Unidad Torreón de la (U. A. de C.), y vicepresidenta del Comité Estatal de Participación Ciudadana de la PGR, todavía es momento en el cual el Gobierno si se decide, puede actuar y remediar la situación que estamos viviendo, pero si deja que esto continúe, creo que lo lamentaremos dentro de poco tiempo.

La visión de las autoridades

Mientras los académicos muestran su preocupación, las autoridades niegan que la batalla esté perdida, por el contrario mencionan que los esfuerzos son inéditos.

Hugo Armando Reséndiz, subprocurador de Justicia del estado de Durango, define que como antes la actividad del narco se daba en complicidad, había un árbitro que era la autoridad, al perderse ese arbitraje automáticamente se da una guerra sin cuartel, abierta, a descaro. Cita el caso de 11 ejecuciones donde figuran policías de los diferentes niveles de Gobierno. Aquí dejan de ser árbitros y entran al campo de juego, así ocurrió en Estados Unidos, siempre habrá corrupción.

“(La batalla) no se está perdiendo, se está dando, antes había colusión, estaba todo de alguna manera más controlado, es decir, los ajustes se dan porque el Gobierno no está adentro, y se da entonces el enfrentamiento frontal entre los diferentes grupos”.

Por su parte el procurador de Justicia de Durango, José Luis Carrillo Rodríguez, sostiene que de ninguna manera está ganando esta guerra la delincuencia.

“Reconozco que el ‘narcomenudeo’ es un problema que preocupa en México, y se ha dado por el fácil acceso a los artículos y productos con los que se elabora la droga, pues a nadie se le dificulta conseguir un raticida o concentrados que se venden en cualquier lugar con los que de manera sencilla producen las sustancias ilícitas, creo que el narcomenudeo es el más difícil de evitar, pues las sustancias que venden están a la mano de casi todo el público en cuanto a lo económico se refiere y la adicción de las nuevas drogas se presenta de manera más rápida, pero no podemos decir que el Gobierno esté perdiendo la guerra”.

Juan García Chapa, titular de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPyV) de Gómez Palacio, tampoco considera que la batalla esté perdida.

“Tratándose de la guerra de los territorios y no con la Ley, considero que el Gobierno está tomando cartas en el asunto, en primer término el federal, tan es así que se han detenido grandes capos de la droga y se combate. Nosotros hacemos operativos conjuntos y me doy cuenta que se está muy al pendiente de eso”.

Gerardo Torres, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Región Laguna I, declara que el Gobierno no está perdiendo la batalla, “porque en Coahuila no tenemos ese tipo de problemas, las corporaciones policiacas están haciendo lo que les corresponde. En Torreón, tanto la Ministerial como el Grupo Especial estamos combatiendo de forma frontal al “narcomenudeo” y dadas las capturas y operativos que ha realizado la PGR, ya hay gente importante cumpliendo alguna sentencia. Creo que a las autoridades federales en este aspecto, en los últimos cuatro o cinco años se les ha visto la captura de gente involucrada en el “narcotráfico”.

Javier Gutiérrez Pesquera, director de la Dirección de Seguridad Pública en Torreón, comenta que hay una ebullición debido a las serias detenciones de personas importantes.

“Ya nos olvidamos de Rafael Macedo de la Concha, quien tiene en sus espaldas muchas detenciones importantísimas, una lucha al narcotráfico muy grande. Nosotros vimos que en los cuatro años y ‘pico’ que estuvo al frente de la PGR, se hizo lo que nunca en años anteriores. Hay una acción de parte de las autoridades y hay una reacción del “narcotráfico”.

Sin embargo para Enrique Ruiz Arévalo, director del Grupo Especial de la Policía Ministerial de Coahuila, la batalla sí la está perdiendo el Gobierno, “porque hay mucho libertinaje dentro de los penales, entran muchos celulares, están saliendo muchas llamadas de extorsión aquí en La Laguna y en el país, en estos últimos días hemos tenido fácil unas 15 llamadas contra empresarios. Deben poner un bloqueador, que no hagan llamadas por celular, ya que los mismos custodios son los que se los están dando, les cobran renta por el uso”.

Sin contrapeso

Para Robert Stefanic Mery, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), explica que la reciente ola de narcoejecuciones no implica que el Gobierno esté perdiendo esta guerra y hayan ganado más terreno las bandas de narcotraficantes, sino que los resultados son pequeños ante la gran fuerza que tiene la delincuencia.

“Diría que se han logrado avances interesantes, pero que puestos en la balanza no son lo suficientemente grandes para hacer un contrapeso”, subraya.

Para el empresario Carlos Delgado sería bueno que siguiera la pelea entre narcotraficantes para que se aniquilaran unos a otros, “y sería lo mejor porque los beneficiados directos serían la sociedad y el Gobierno, aun éste, sin enfrentar ninguna lucha”.

En este contexto el procurador de Coahuila, Óscar Calderón Sánchez, no duda cuando afirma que la batalla está perdida y que la falta de recursos es una de las causas. “Creo que la lucha tradicional al narco no ha dado resultado, por ello la Federación quiere compartir con estados y municipios la lucha contra el narcomenudeo. A la lucha al narco no se le destinan recursos suficientes y falta de la Federación mecanismos que prevengan a los jóvenes sobre el uso de las drogas. Es importante detener a un narcotraficante, pero es más importante aún que exista labor preventiva, tratar que haya menos consumidores. Este es un asunto que debe involucrar a todos, a las autoridades, a los medios de comunicación, a los padres de familia, maestros y sectores empresariales”.

La falta de equilibrio

El procurador de Justicia de Durango, José Luis Carrillo Rodríguez, considera que el marco jurídico que tiene México está bien estructurado, pero existen limitantes que hacen que la Policía no sea tan efectiva, pues si bien es cierto que los delincuentes tienen sus derechos, así como los agentes y las víctimas del delito, en ocasiones las garantías de los criminales rebasan a las de los perseguidores de la justicia.

“Debería haber un equilibrio entre el derecho que se le concede a toda persona y al que tienen los policías, pues no podemos entrar a una casa sin una orden de cateo, aun cuando encontremos adentro la droga, porque todo nuestro trabajo se vendría abajo. En la persecución de los delincuentes no podemos utilizar la fuerza, que en ocasiones es necesaria, porque saldría mejor librado el criminal”.

Esta visión es compartida por Gerardo Torres, delegado de la PGJE Región Laguna I, quien considera que habría que agravar las penas.

“En lo que nosotros hemos trabajando, vemos con desánimo que muchas personas que son puestas a disposición, son liberadas. Se deben tomar mayores medidas en cuanto al “narcomenudeo”, además de fomentar la atención y prevenir las adicciones. De las limitantes, los legisladores deben analizar cada una de las leyes aplicables al “narcotráfico” y valorar qué tan eficientes han sido, en cuanto ya no se comete este delito, pero lo que estamos viendo es que está floreciendo cada día más”.

AGENTES EJECUTADOS

En lo que va del año por lo menos 35 elementos de los cuerpos de Seguridad Pública del país han sido ejecutados por el crimen organizado.

*Tamaulipas es el estado en donde más ejecuciones de elementos de seguridad se ha registrado: 12 en lo que va del año, entre ellos tres comandantes y un director de Seguridad Pública.

*Le siguen el Distrito Federal con siete ejecuciones, Guerrero con seis, Baja California con cuatro, Sinaloa y Chihuahua con dos en cada estado, además de Baja California Sur y Estado de México con uno.

*El ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Samuel González Ruiz, aseguró que estas ejecuciones se deben a que los políticos y autoridades están más preocupados en el conflicto institucional y personal que viven y dejan a un lado la guerra contra la delincuencia organizada. Para el criminólogo Mario Arroyo las ejecuciones de elementos policiacos se deben a la vulnerabilidad del Estado en su conjunto para enfrentar al crimen organizado.

FUENTE: Agencias

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