Aseguran que el alcalde relegó a ingenieros de participar en la actualización del Reglamento de Asentamientos Humanos.
El Siglo de Torreón
SALTILLO, Coah.- Representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Torreón ratificaron la demanda de juicio político que presentaron la semana anterior ante el Congreso Estatal en contra del alcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas.
Encabezados por Raúl Andrés Aldaba Carreón, los integrantes del organismo solicitaron la intervención de los diputados locales, pues consideran que Anaya violó normativas constitucionales al relegarlos de participar como auxiliares del Ayuntamiento en aplicación y actualización del Reglamento de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Construcciones para el citado municipio.
En su denuncia, los profesionistas explican a los legisladores cómo Anaya Llamas relegó a su agrupación y favoreció con la medida al Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna, el cual no se encuentra asentado en Coahuila, sino en Gómez Palacio, Durango y no se encuentra inscrito, como la agrupación de ellos, en la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.
Indicaron que el mismo reglamento en cuestión establece como requisito para que el Ayuntamiento extienda los contratos de órganos auxiliares que los colegios participantes formen parte de la citada agrupación nacional.
Mencionaron que integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Torreón han acudido en diferentes ocasiones ante la autoridad municipal a fin de ser considerados en los contratos, pero hasta el momento Anaya los ha rechazado.
Aldaba Carreón indicó que precisamente esta decisión del presidente municipal contraviene a lo establecido en el artículo quinto de la Constitución Política mexicana, en el sentido de que a nadie se le puede impedir desarrollarse en la profesión u oficio que le corresponda.
La denuncia que se ratificó ayer ante la Oficialía Mayor del Congreso Estatal señala que justo por lo anterior consideran procedente el juicio político en contra de Anaya Llamas.
Lo que dice la Constitución:
Artículo 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial...
...En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.
