La Comisión de la Función Pública reabrirá el expediente sobre tráfico de influencia de los hijos de Marta Sahagún y otros casos que han sido cerrados por la desaparición de varias comisiones.
MÉXICO, D.F., (EL UNIVERSAL-AEE).- Convertida en una nueva Comisión Ordinaria de la Cámara de Diputados, la Comisión de la Función Pública reabrirá el expediente sobre el presunto tráfico de influencia de los hijos de Marta Sahagún de Fox.
Asimismo, iniciará una investigación sobre la existencia de convenios ocultos con la industria del tabaco y el alcohol a cambio de exenciones fiscales, anunció el presidente de dicha Comisión, Víctor Hugo Islas Hernández, quien además anticipó que se retomarán muchos de los asuntos que iban a quedar cerrados por la desaparición de varias Comisiones Especiales que concluyen sus funciones este fin de año.
Esto, en virtud de que ayer el Senado de la República aprobó reformas al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso por las que, entre otras cosas, eleva a rango de Comisión Ordinaria a ésta que hasta ayer era una Comisión Especial y que adquiere un carácter definitivo para funcionar durante todo lo que resta de la presente legislatura.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga, dijo que si la nueva Comisión de la Función Pública, a través de su presidente y su mesa directiva determinan realizar algunas otras acciones al respecto, tendrán facultades para ello, siempre y cuando la Comisión Especial que seguía la investigación así lo determine.
El legislador rechazó tajante que en este caso se haya dado una negociación entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para cerrar el asunto a cambio de dar por terminada también la investigación de los hijos del ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel.
"Rechazo categóricamente que el asunto de la Comisión en contra de los hijos de la señora Marta Sahagún esté relacionado con el caso de Montiel; lo rechazo categóricamente y no hay ningún elemento, ni ningún indicio que lo sustente; son simples especulaciones y pronunciamientos que se han hecho con afán de impacto mediático", aseguró.
Por su parte, el diputado Víctor Hugo Islas Hernández confirmó a EL UNIVERSAL que entabló contacto con la diputada Sofía Castro (PRI) para iniciar la transferencia del expediente entre esta semana y la próxima.
Ello, dijo, porque hay la presunción de que los hijos de Marta Sahagún están involucrados con empresas trasnacionales, en particular francesas, que ahora supervisarán todas las acciones que realicen las aduanas mexicanas.
"Nosotros consideramos ilógico -dijo- que se otorgue esta concesión a empresas trasnacionales, sobre todo en un área donde existe un gran contrabando. Esto podría implicar incluso una violación Constitucional".
Por tanto aclaró: "Sabemos que se están suspendiendo varias Comisiones Especiales que se dieron (.) y que algunas ya terminaron, pero nosotros vamos a retomar todos esos temas que están pendientes".
También advirtió que todavía "no es asunto juzgado" el caso de la actuación de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por los acuerdos subrepticios, firmados al margen del Congreso con industriales del tabaco y el alcohol.
Esto, en referencia al acuerdo signado con las empresas tabacaleras por el cual éstas otorgan un peso por cada cajetilla vendida para un fondo en la Secretaría de Salud; y otro signado con la industria alcoholera para eliminar la venta de alcohol para aplicaciones farmacéuticas, indicó.
El legislador advirtió además que estos acuerdos al parecer han sido firmados en medio de una colusión de intereses y de favoritismo porque, por ejemplo en el caso del tabaco, la aportación por peso de cajetilla -188 millones en total aproximadamente- se fijó sólo para este gobierno.
Por lo que hace al asunto del alcohol, la Secretaría de Salud hizo ofrecimientos oficiales, fuera del marco de sus atribuciones y existen documentos legales que comprueban el intento expreso de dicha dependencia de ofrecer canonjías en una "actitud oficiosa" en contra del Congreso y de los intereses del país.
Ambos casos, dijo, denotan el nivel de mentira, opacidad y contubernio con que se maneja el Gobierno Federal, pues primero negaron la existencia de dichos convenios, pero ante las evidencias los reconocieron, sin explicar por qué no consultaron nunca al Congreso.
