Afecta drogadicción al 70% de los reos, afirman
SUN-AEE
MÉXICO, DF.- Autoridades del penal de máxima seguridad de La Palma reanudaron la comunicación, vía telefónica, entre los reclusos y sus familias.
Ello, luego de que cerca de 800 personas, provenientes de varios estados del Norte, se manifestaron por cerca de seis horas para exigir información sobre los internos en el penal federal.
Asimismo, en conferencia de prensa, la directora del Centro Federal de Readaptación Social número uno, Josefina Jaime Quiroz, informó que continúa el operativo de revisión al interior del penal y que se ha detectado que cerca de 70 por ciento de la población penitenciaria padece de problemas de drogadicción, situación que ha generado inquietud y angustia entre algunos internos.
A partir de que el pasado 13 de enero ingresaron al penal de máxima seguridad elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), los internos quedaron incomunicados por cuestiones de seguridad, según lo indicó en su momento el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Miguel Ángel Yunes.
Ante esta situación, durante la madrugada de ayer arribaron a las inmediaciones del penal cerca de 20 camiones con personas procedentes de estados del norte de México, especialmente de Monterrey, Nuevo León, Matamoros, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa, que por cerca de seis horas gritaron y exigieron hablar con los internos para conocer su estado de salud.
Con mantas y carteles con leyendas como: ?Exigimos hablar con nuestros familiares?, ?Pedimos respeto a sus derechos humanos? y ?Mejores servicios de alimentación y atención médica?, los manifestantes exigieron hablar con la directora general del penal La Palma, quien finalmente accedió a reanudar las llamadas telefónicas entre familiares e internos.
Los manifestantes también exigieron mejorar la alimentación de los reos, los servicios médicos, aumentar los días de visita, abastecer la tienda del penal e incrementar el número de visitas familiares.
Horas más tarde la directora del penal informó que este tipo de medidas no estaban contempladas en el reglamento y por lo tanto no serían atendidas.
?Desde hoy comenzamos a entregar los uniformes, calzado y toda la ropa permitida y les retiramos toda la que no está permitida y si lo piden les entregaremos cobijas, pero sólo lo que se encuentre en el reglamento?, indicó la funcionaria.
Jacqueline Liceaga, una de las manifestantes, aseguró que las revisiones son muy pesadas y que incluso violan los derechos humanos de la población que asiste a visitar a los internos, especialmente para las mujeres, a quienes las obligan a desnudarse por completo, con el pretexto de que tienen que evitar que introduzcan objetos no permitidos.
Durante la conferencia de prensa, Jaime Quiroz mencionó que en las revisiones de las últimas horas a los módulos tres y siete detectaron tres nuevos celulares, así como armas punzocortantes, pequeñas cantidades de droga, grandes cantidades de comida en los dormitorios, ropa y tenis no permitidos.
Insistió en que la suspensión de las visitas durará hasta que las autoridades federales concluyan con la investigación y se retome la seguridad del penal de La Palma, situación, que dijo, no durará más de siete días; pero no quiso hablar sobre el avance de los operativos.
