Amnistía Internacional denunció que Italia viola los estándares del derecho internacional para los refugiados en busca de asilo.
Roma, (EFE).- El Ministerio italiano del Interior ha rechazado el informe difundido hoy por Amnistía Internacional (AI) en el que acusa a Italia de violar los derechos de los refugiados con las detenciones de inmigrantes que llegan al país en busca de asilo.
"No es la primera vez que los dirigentes italianos de Amnistía Internacional buscan visibilidad difamando las instituciones que tienen el deber de luchar contra la inmigración clandestina", indica un comunicado de Interior.
Tras señalar que "continuará ignorando estas provocaciones", el Ministerio admite que sí existen otras demandas realizadas por ciertos políticos y por organizaciones como Cáritas Italia que "merecen ser evaluadas".
Recuerda que en los últimos días el ministro del Interior, Giuseppe Pisanu, "ha reiterado la necesidad de un debate parlamentario sereno, profundo y constructivo sobre diversos aspectos del problema de la inmigración".
Entre ellos se encuentran "el derecho de asilo, la acogida de los refugiados, la integración de los inmigrantes regularizados, la lucha contra la inmigración clandestina y aquella sin cuartel contra los grupos criminales que la explotan despiadadamente".
Estas cuestiones se deben afrontar, continúa, con "humanidad, equilibrio y gran sentido de la responsabilidad política", dado que en caso contrario crece el riesgo de "alimentar la confusión".
En su informe, publicado con motivo del Día Mundial del Refugiado, establecido por la ONU, Amnistía Internacional denuncia que los inmigrantes son detenidos en Italia con cada vez mayor frecuencia y mantenidos durante largos periodos en centros de acogida temporal.
En estas instalaciones, según la organización, las condiciones son preocupantes, con denuncias de agresiones físicas, aislamiento y suministro excesivo de tranquilizantes.
Amnistía también critica la "absoluta ausencia de diálogo" con las autoridades italianas, y en concreto con el titular del Interior, y el hecho de que no se les permita inspeccionar personalmente los centros de acogida.
