Gobiernos han sido incapaces de servir a la ciudadanía, por eso surgen organizaciones civiles: ODC.
?Lo único que delatan los regidores de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Trabajo (PT) es su incompetencia e ignorancia con respecto a la incapacidad de gestión que tienen, pues Pemex puede apoyar con recursos tanto al Hospital del Niño como al proyecto del panteón municipal, en lugar de pretender quitar los apoyos a las organizaciones sociales?, dijeron algunos líderes de dichas agrupaciones.
José Mario Arreola Aguirre, así como Sócrates Ibarra, el primero de Alianza Social y el segundo de la Organización de Colonias Populares en Solidaridad, calificaron a los regidores del PAN y PT como ignorantes ante la propuesta que hizo en su momento el edil del PT, Arturo López Bueno, en el sentido de suspender los recursos financieros a este tipo de grupos, para transferirlos a otras partidas, como sería en apoyo al Hospital del Niño, a la construcción del panteón municipal, así como para respaldar a damnificados por las recientes inundaciones.
Según el presidente municipal, Jorge Herrera Delgado, existe el consenso entre regidores del Ayuntamiento para hacer valer la petición de Arturo López Bueno, en tanto no exista un reglamento y no se dé transparencia al manejo de estos recursos.
Al respecto ambos líderes sociales indicaron que los pasados 18, 19 y 20 de julio tuvieron un encuentro entre la sociedad civil y Petróleos Mexicanos, en donde se les explicó que esta institución puede apoyar a las instancias de gobierno para el beneficio de la sociedad, como en el caso del Hospital del Niño y el panteón municipal.
En el asunto de las personas damnificadas, la situación puede resolverse a través de la gestión que se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pues es la instancia indicada para otorgar ayuda cuando hay siniestros.
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Gustavo Pedro Cortez, dirigente de la Organización de Defensa Campesina (ODC), que pertenece al Partido del Trabajo (PT), manifestó que hay apoyo por parte de este instituto político a la propuesta que hizo en su momento Arturo López Bueno, y que esperarán a que el Cabildo resuelva al respecto; sin embargo, señaló que lo que tiene que hacer el Gobierno Municipal, en forma urgente, es acelerar el proceso de reglamentación de organizaciones sociales.
Para Gustavo Pedro, lo que sí hay que resaltar es la existencia de otras organizaciones que están viviendo de los recursos de este presupuesto en el Municipio, que ha sido a causa de la creación indiscriminada que hubo de las mismas durante la pasada administración, tanto estatal como municipal, con la única finalidad de opacar la presencia de las agrupaciones de oposición.
Dijo que los apoyos que se dieron en la pasada administración fueron otorgados con total interés y en beneficio de los sistemas de gobierno y ahora son un problema, pues ya no les quieren dar dinero y es por eso que urge una normatividad para regular el flujo del financiamiento.
Lo que sí hay que aceptar ?dijo- es que ni el Municipio ni el Estado han sido capaces de ofrecer los servicios y atención adecuada a la ciudadanía. ?Pues es por eso que surgen las organizaciones sociales, cuando los programas y los servicios no llegan a donde están destinados o porque no hacen su trabajo?, enfatizó.
Por otro lado, manifestó que de acuerdo con la Ley Federal de Organizaciones Sociales, son éstas las únicas que pueden bajar recursos económicos de programas federales, como el millón 600 mil pesos que utilizarán para 450 proyectos de vivienda en breve. De este modo también habrá forma de bajar más fondos con proyectos sustentados y es el sistema que urge en el Municipio y en el Estado.
Pendiente
Lo que falta para regular a organizaciones
· Que la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento termine el Reglamento de Organizaciones y Gestión Social.
· Que las distintas corrientes políticas en la Comisión de Gobernación se pongan de acuerdo para que exista un Reglamento de Organizaciones y Gestión Social pronto.
· Depurar el padrón de organizaciones sociales.
· La creación de un consejo ciudadanizado que determine el funcionamiento y la regulación de los recursos, para garantizar la transparencia y la funcionalidad de las organizaciones sociales.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
