EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Como medidas positivas que tienden a proteger a la ciudadanía en su rol de ofendidos, fueron calificadas por el delegado de la PGJE, Gerardo Torres Carrillo, las anunciadas reformas al Código Penal, hechas por los diputados de las comisiones de Gobernación y Defensa de los Derechos Humanos.
Para el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), es importante conocer la fecha de la publicación de las reformas aprobadas, para saber cuándo entrarán en vigor y de inmediato ser aplicadas.
Sobre los casos concretos del aumento de penas en los delitos de pornografía infantil y lenocinio contra menores y discapacitados, Torres Carrillo prefiere ver textualmente las modificaciones al Código, ya que en el caso del segundo delito, la pena se fija entre siete y 14 años, en lo que refiere a menores.
La clasificación del delito de rapto como una penalidad que se perseguirá de oficio, también fue bien vista por el delegado y considera que de alguna forma la medida busca dar atención y respuesta a la ciudadanía, que afronta la salida de sus hijos menores de 16 años del hogar, o la sustracción de los mismos por terceras personas, que en algunas ocasiones tienen una relación sentimental.
Hostigamiento o acoso sexual, figura delictiva que se encontraba ausente en el Código Penal y significaba un rezago ante la existencia del mismo en otras legislaciones, también es aceptada pero hace falta revisar su contenido.
Torres Carrillo considera que el tipificar el acoso sexual como delito beneficia a la población femenina y en menor escala a la masculina, que también puede ser víctima de la citada falta, pero aclara que hay que tener cuidado para que no se limite la acción sólo a una relación productiva.
El maestro y la alumna, ministros de culto y fieles, incluso vecinos de una colonia, también pueden ser partes actoras del delito de acoso sexual, el cual quedaría mermado si se limita a la relación jefe?empleada, por citar un ejemplo.
Necesario eliminar los acuerdos
En opinión de David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos, las reformas al Código Penal de Coahuila quedarán sólo en buenas intenciones mientras no se eliminen prácticas como los acuerdos entre acusados y afectados para evitar las consignaciones y sanciones, entre otras situaciones que prevalecen en las Agencias de los Ministerios Públicos.
Según el segundo visitador, es interesante la reforma referente al hostigamiento sexual, pues actualmente no está tipificado en el Código Penal, y la considera muy importante porque es una situación que se da de hecho y que no tiene ninguna sanción.
?Inclusive en situaciones de carácter administrativo ni se denuncia, y si se hace no se sanciona porque no está tipificado como una falta o como un delito, esto es lo más destacable, lo de incrementar las penas en ciertos delitos no necesariamente es siempre positivo?.
Dice que cuando la comunidad percibe que un delito se incrementa o es muy grave, exige el aumento de las penas, así sucedió en el secuestro, sin embargo, la experiencia demuestra que esto no reduce los índices de criminalidad.
?Siempre será positiva la idea de poner un freno o de aumentar la pena como ejemplo, pero también debe valorarse que no necesariamente esto es la solución a los problemas, que hay otro tipo de situaciones como es el hecho de que en las Agencias del Ministerio Público se presenten las personas a hacer las denuncias, y no se les reciba o no se les dé una atención adecuada, o tarden dos o tres horas para presentarlas, o que una vez que se decidieron a presentarla les entreguen citatorios para llegar a convenios con la otra parte?.
Esas situaciones, dice, inhiben a las personas para presentar sus denuncias: ?si no se trabaja en esto antes que en incrementar las penas, pues todo será sólo una buena voluntad por parte de los legisladores porque si no se corrigen estas situaciones no se conseguirá ni siquiera consignar a las personas y menos aplicarles las penas?.
