En cuestiones de seguridad, especialmente en lo que se refiere a la delicada, compleja y violentísima guerra contra el narcotráfico, las autoridades simple y sencillamente deben estar a la altura del conflicto, ya que nada menos es admisible o tolerable. Ayer, el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, afirmó que la sociedad reclama garantías de honestidad en el comportamiento de los impartidores de justicia. Si bien se refería a los jueces cuando advirtió que México no podrá eliminar al crimen organizado mientras el Poder Judicial siga liberando delincuentes, la gran afirmación se puede y debe extender a todos aquellos que por mandato de Ley, están obligados a rendir buenos resultados en temas que tienen que ver con la seguridad nacional y el bienestar de la ciudadanía.
Nada lastima más a la sociedad que la impunidad. El hecho que por ineficiencia y/o complicidad de las corporaciones o corrupción de los encargados de dar la batalla en la primera línea, los delincuentes se salgan con la suya, resulta propio de un Estado vencido y sin viabilidad en un mundo pretendidamente civilizado. Una sociedad que aspira a la democracia y al progreso, no puede darse el lujo de arrastrar un sistema de impartición de justicia inepto o permeado por el hampa y mucho menos permitir que las agendas personales de policías, comandantes y hasta jueces, terminen por reducir al Estado de Derecho a una mera simulación.
A nivel nacional, son cada día más las voces que lamentan que México pasara de ser un trampolín a un mercado consumidor de drogas; son cada día más los ciudadanos que ven con preocupación cómo el llamado narcomenudeo se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional y cómo las bandas rivales de delincuentes siembran el terror con sus “levantones” y ejecuciones. Pareciera que ninguna autoridad es capaz de frenar al crimen organizado.
A nivel local es tiempo de aumentar la presión sobre las autoridades que deben evitar que los delincuentes sigan “trabajando” impunemente, ya que de lo contrario, si la proliferación de “puchadores” continúa, la sociedad lagunera no tendrá más que reconocer que la vieja máxima que advierte, que no es posible concebir al crimen organizado sin la complicidad de las autoridades, es una amarga realidad en la región.
