Hace exactamente una semana, el lunes tres de octubre un diario capitalino anticipó la renuncia de Santiago Levy, director del Instituto Mexicano del Seguro Social hasta ese mismo día en que efectivamente dimitió o fue despedido de su cargo.
Aunque el clima creado por la negociación del contrato colectivo de trabajo (cuya vigencia vence el sábado próximo) hacía posible su retiro, Levy parecía resuelto a ir adelante. Había convenido, por ejemplo, una cita con periodistas a efectuarse el jueves seis, destinada a explicar su posición. No tuvo ya tiempo de asistir a ella. Acaso el presidente Fox lo relevó de su responsabilidad de un día para otro.
Si bien en su carta de renuncia agradeció al presidente Fox el hecho de haberlo designado y brindarle apoyo, incluyó también una suerte de reproche que implica desacuerdo con su propio retiro. Tras reconocer que en el Instituto que estuvo a su cargo durante casi cinco años enteros “persisten graves rezagos y carencias que requieren del esfuerzo de todos para poderlos superar” y de aludir a los “inmensos retos” del IMSS “para extender su cobertura, mejorar sus servicios y fortalecer su viabilidad financiera”, deploró el desenlace: “Lamento profundamente no tener la oportunidad de ayudarlo a usted a enfrentarlos en lo que resta de su mandato”. De haber obrado por su propia voluntad, habría permanecido en su puesto para “ayudar” al presidente. Pero se desprende de su lamento que no se le permitió hacerlo.
Estaba en curso, lo está todavía, la revisión del contrato con el sindicato de trabajadores que laboran en el Instituto. Es la primera completa, no sólo salarial, que encara el IMSS después de la difícil reforma a la Ley correspondiente, practicada en agosto del año pasado, que pretendió, fallidamente, mejorar la situación financiera de esa institución. Un diagnóstico sesgado ha hecho suponer que la suerte del principal organismo de seguridad social en el país depende, para bien y para mal, del Régimen de Pensiones y Jubilaciones de sus propios empleados. Hay allí, ciertamente, un grave problema pues para cubrir esas prestaciones de retiro se emplean recursos que deben aplicarse al servicio sustantivo del IMSS, la atención médica y social a sus derechohabientes. Pero la fórmula aceptada en la reforma, de tenerlos, sólo generará frutos dentro de varias décadas, cuando se jubilen los trabajadores a los que se contrate a partir de ahora, sujetos a un nuevo régimen en esa materia.
Ante la oposición del sindicato a esa reforma y a su aplicación, el IMSS ha dejado de contratar trabajadores, lo que ha producido unas dieciocho mil plazas vacantes, con el consiguiente deterioro del servicio. De modo que en la revisión contractual en curso debe resolverse el dilema de aplicar la Ley reformada o dejar que crezca la cifra de plazas sin ocupar, con perjuicio de la institución y sus derechohabientes.
Levy, principal impulsor de la reforma, se proponía aplicarla a rajatabla mientras que en su contra parece haberse impuesto una concepción conciliatoria que aplique mecanismos todavía no conocidos y difíciles de instrumentar.
La reforma del año pasado concretó uno de los móviles de la designación de Levy, subsecretario de Egresos de Hacienda en la administración de Ernesto Zedillo, y tenaz propugnador de la desregulación económica y el secamiento de las finanzas públicas en beneficio a todo costo del equilibrio presupuestal.
Las necesidades políticas de este momento lo hicieron disfuncional y por eso se prescindió de sus servicios. Proveniente de la Secretaría del Trabajo, desde donde se gestó la noción de que Levy ya no era interlocutor útil ante el sindicato, llegó a reemplazarlo Fernando Flores, que fue coordinador de delegaciones y subdirector general administrativo del IMSS en los años ochenta, más tarde dirigió las aerolíneas Mexicana y Aeroméxico y era hasta la semana pasada subsecretario del Trabajo, designado por Carlos Abascal cuando Fernando Franco dejó esa posición. Enfrentar al nuevo director del Seguro Social con las consecuencias de una desastrosa política en cuya implementación participó en el pasado, tiene algo de justicia poética y puede tener mucho de eficacia, a partir del reconocimiento explícito de que la mala administración y no trabajadores abusivos es la causa principal del deterioro del IMSS.
Aunque formalmente el sindicato rechazó considerar como un éxito propio el retiro de Levy, es cierto que la dirección sindical lo recibió con alivio por las dificultades de entendimiento con el autor de una Ley generadora de conflicto. Hubo entre los trabajadores, asimismo, expresiones de júbilo por el despido, que se envenenaron con la aparición de pintas con proclamas antisemitas, referidas a Levy y enderezadas en su contra como una torpe descalificación o un insulto. Durante 34 días y hasta el viernes en que fue levantado, sindicalistas del IMSS realizaron un plantón a las afueras de la sede principal del Instituto, y en ese marco se hicieron las menciones antijudías contra Levy.
De manera formal y enfática, la dirección sindical se deslindó de esas expresiones y las condenó. Y su líder, Roberto Vega hasta llegó a considerar que fueron proferidas para desprestigiar al sindicato, al que se ha creado la mala fama de usurpador de privilegios en perjuicio de los asalariados en general.
Enfermedad del cerebro y del alma, el antisemitismo no debe ser consentido ni siquiera en expresiones nimias. Ofende a un pueblo digno de todo respeto y trivializa crímenes funestos.
