James Robertson afirmó que la decisión de Bush podría haber "mancillado" el trabajo del tribunal donde trabajaba, centrado en los programas de espionaje del Gobierno.
Washington, (EFE).- Un juez de un tribunal especial centrado en la supervisión de los programas de espionaje del Gobierno de EU ha sido la primera víctima de las escuchas telefónicas ordenadas por el presidente George W. Bush.
El juez de distrito James Robertson renunció a su cargo después de considerar que la autorización presidencial para espiar las comunicaciones de estadounidenses sospechosos de estar vinculados al terrorismo, "es legalmente cuestionable", informa hoy el diario "The Washington Post".
Robertson piensa además que la decisión del mandatario podría haber "mancillado" el trabajo del tribunal especial donde trabajaba, centrado en la supervisión de los programas de espionaje del Gobierno.
Según dos compañeros del juez citados por el periódico, Robertson también expresó su temor de que el programa de espionaje ordenado por Bush sin la preceptiva autorización legal, podría haber sido usado para obtener órdenes judiciales bajo la Ley de Espionaje de Servicios de Información Extranjeros (FISA).
El diario indica que Robertson era uno de los once miembros del llamado Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Exterior, que supervisa las aplicaciones del Gobierno para el espionaje secreto y persigue a ciudadanos extranjeros o estadounidenses sospechosos de terrorismo o de espionaje.
El juez dimitió de su cargo el pasado lunes "sin ofrecer más explicaciones", en una carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Robertson fue designado juez federal por el ex presidente Bill Clinton en 1994 y, posteriormente, fue miembro del tribunal especial dependiente de la FISA.
Robertson ha sido muy crítico con el tratamiento dado por la Administración Bush a los detenidos en la base estadounidense en Guantánamo (Cuba).
Desde que la semana pasada Bush confirmara que autorizó las escuchas telefónicas, tanto los legisladores republicanos como los demócratas han pedido una "investigación inmediata" del Congreso de EU.
El último miembro del Gobierno en salir en defensa de Bush fue ayer el vicepresidente, Dick Cheney.
En declaraciones a bordo del Air Force II de camino a Omán, Cheney insistió en que la Casa Blanca tiene la autoridad para ordenar escuchas de sospechosos de terrorismo en este país sin permiso judicial.
Las escuchas "son totalmente adecuadas y se encuadran en la autoridad constitucional del presidente", declaró Cheney, quien atribuyó en parte a esa medida el que no se hayan vuelto a producir atentados en suelo de EU desde el 11 de septiembre de 2001.
Una ley promulgada en 1978 proscribió el espionaje a ciudadanos estadounidenses dentro del país sin contar para ello con una orden judicial.
El pasado domingo la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, también defendió la medida adoptada por el presidente.
