EL UNIVERSAL-AEE / EL PAÍS
WASHINGTON, EU.- Un juez federal renunció a una Corte especial encargada de supervisar las operaciones de vigilancia del Gobierno, aparentemente en protesta porque el presidente George W. Bush autorizó espiar a personas en el país sin autorización judicial.
El juez James Robertson se negó a hacer declaraciones sobre su renuncia, pero el diario Washington Post informó que ésta se debía a su temor de que el plan autorizado por Bush era legalmente dudoso y podría haber contaminado el trabajo de la Corte. El Post citó a dos allegados al juez.
Un colaborador de Robertson dijo que la carta de renuncia presentada al titular de la Corte Suprema, John Roberts, no sería divulgada. Roberts no renunció como juez federal de Washington. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, se negó a hacer declaraciones sobre el asunto. ?El juez Robertson no hizo declaraciones y no veo por qué nosotros deberíamos hacerlo?, dijo McClellan.
John Robertson era uno de los 11 miembros del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia en el Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés), un organismo secreto que supervisa los pedidos del Gobierno de órdenes de vigilancia o cateo de extranjeros y de ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo o espionaje.
La Corte fue creada por el Congreso en el año 1978 y sus miembros, nombrados por el titular de la Corte Suprema, realizan su tarea en secreto.
Colegas de Robertson dijeron al Post que el juez había expresado temores de que la información obtenida mediante vigilancia sin orden judicial bajo el plan de Bus, era usada posteriormente para obtener órdenes del FISA. Robertson fue designado juez federal por el presidente Bill Clinton en 1994 y luego miembro del FISA por el titular de la Corte Suprema, William Rehnquist.
Piden investigar escuchas
Senadores demócratas y republicanos reclaman una investigación del Congreso sobre si la Administración de George W. Bush realizó escuchas electrónicas ?sin la apropiada autoridad legal?. El presidente justificó el lunes el espionaje telefónico sin control judicial y aseguró que tanto ?la Ley como la Constitución? le autorizan a investigar a norteamericanos sospechosos de terrorismo sin necesidad de una orden.
El caso que amenaza con amargar las navidades a Bush se complicó ayer al dimitir como protesta un juez del Tribunal especial que autoriza las intervenciones telefónicas y electrónicas.
El espionaje telefónico fue descubierto y publicado la semana pasada por el diario The New York Times y ha causado gran revuelo en la Casa Blanca. El presidente, visiblemente molesto y enfadado, tildó de ?acto vergonzoso? el que alguien diera a conocer ?un programa muy importante en tiempos de guerra? y justificó el procedimiento.
Un grupo de senadores -los republicanos Chuck Hagel (Nebraska) y Olympia Snowe (Maine) y los demócratas Carl Levin (Michigan), Dianne Feinstein (California) y Ron Wyden (Oregón)- se han unido para exigir una investigación conjunta de los comités de Inteligencia y Judicial del Senado.
