Cuestiona el magsitrado Mariano Azuela durante su informe anual de labores la forma en cómo la PGR canceló el juicio contra López Obrador por el caso El Encino.
MÉXICO, D.F., (EL UNIVERSAL-AEE).- El máximo representante del Poder Judicial de la Federación, Mariano Azuela, hizo un reclamo abierto por la forma en que la PGR canceló el juicio por desacato en contra del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ante el presidente Vicente Fox y los titulares del Congreso de la Unión.
Al rendir su informe anual de labores, el magistrado advirtió, por primera vez desde que se cerró el juicio contra el ahora candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, que la forma en que se actuó en el caso de López Obrador, al cual no mencionó por su nombre, generó el riesgo de que en el futuro los
desacatos a sentencias del Poder Judicial queden impunes.
Desde el 4 de mayo pasado la Procuraduría General de la República (PGR) tomó la decisión de no consignar ante un juez el proceso del presunto desacato en que incurrió López Obrador cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el caso del predio conocido como El Encino, aunque concluyó que es probable responsable del delito de desacato, porque estimó que no existe una sanción clara en la ley para el delito que se le atribuyó.
En el evento, al que acudió también el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que "el resultado que se produjo, debe verse con inquietud en el futuro, pues se corren los riesgos, en el peor de los casos, de que se multipliquen las violaciones a la suspensión y, lo más grave, que se incurra en inejecuciones de sentencias, todo ello de manera impune".
Azuela precisó que no pasó inadvertido este caso, pero, aseguró, "con pleno respeto a las actuaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, el Judicial como simple observador, siguió los pasos que se dieron".
No obstante, resaltó el hecho de que "no se desconoce que las conductas adoptadas siempre respetables para el Poder Judicial, pudieron sustentarse en el válido principio político de evitar males mayores y que ello pareció derivarse de opiniones de prestigiados juristas sobre las deficiencias técnicas de los preceptos aplicables, aunque contrarias a jurisprudencia de la Primera Sala de este Alto Tribunal".
