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Reprueban gobernadores grupos de 'cazailegales'

Piden estados fronterizos un programa de identificación vehicular de unidades extranjeras ilegales

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HERMOSILLO, Sonora.- Los gobernadores de Chihuahua, Coahuila y Sonora reprobaron las acciones que realizan agrupaciones racistas en la frontera de Sonora y Arizona, que amenazan con extenderse a otras regiones fronterizas.

Los mandatarios de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez; de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas y de Sonora, Eduardo Bours Castelo; se pronunciaron en contra de las acciones de las agrupaciones antiinmigrantes de Estados Unidos.

Previo a su asistencia en una cabalgata en esta zona serrana, en la que participan unos mil jinetes, Bours Castelo dijo a nombre de los gobernadores que se encuentran de visita en Sonora que “para nosotros son las autoridades correspondientes las que deben actuar”.

Comentó que solicitaron a las autoridades federales mexicanas que se coordinen con el Gobierno estadounidense para que sean las instancias correspondientes las que actúen en las agresiones contra los connacionales migrantes.

Bours Castelo consideró que “el impacto ha sido mucho menor -en relación con las acciones del grupo Minuteman Project en la frontera de Arizona y Sonora-; sin embargo tenemos que rechazar estas acciones”.

Por otra parte, los mandatarios estatales anunciaron que los estados fronterizos del norte de México, solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que elabore un programa de identificación vehicular de las unidades extranjeras ilegales.

Subrayó que la finalidad de ese plan de identificación de los automóviles “chuecos” tiene que ver con cuestiones de seguridad pública, pues con esas unidades se cometen todo tipo de delitos y no hay manera de identificarlos.

Asimismo, anotó que los gobernadores fronterizos solicitarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsar en conjunto un plan piloto para impartir inglés en las escuelas primarias.

Mencionó que la idea es compartir el costo de este plan y que los gobiernos estatales aporten el 50 por ciento de los recursos y las autoridades federales de educación canalicen el resto para contratar y capacitar maestros.

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