EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- El Congreso del estado obligó a la Contaduría Mayor de Hacienda determinar la próxima semana si el alcalde de Matamoros, Felipe Medina Cervantes, pudo solventar o no la aplicación de 16.4 millones de pesos del presupuesto público autorizado en 2003.
La decisión de los legisladores no fue casual, sino que se dio como respuesta a la irrupción de unos 200 habitantes del municipio de Matamoros, quienes sitiaron las instalaciones del Congreso local como medida de presión para que los legisladores ya no prorroguen más la resolución.
?Si ha cometido delitos y si tiene que ir a la cárcel, pues que de una vez se vaya?, señaló el regidor panista Alberto Martínez Rivera, quien encabezó la movilización.
Y es que inicialmente los quejosos acusaron a los legisladores de ?congelar? la investigación financiera y prorrogar su resolución hasta pasado el 25 de septiembre, cuando se desarrollarán las elecciones para gobernador, diputados y alcaldes.
El contingente fue encabezado por ocho regidores de las diferentes fracciones representadas en el cabildo de Matamoros; a su nombre, Martínez Rivera advirtió que los habitantes de aquel municipio se encuentran fastidiados por la impunidad con la que cuenta Medina Cervantes.
?En varias ocasiones hemos venido a Saltillo integrantes del cabildo, para solicitar a los diputados que aprueben el dictamen sobre la cuenta pública de Matamoros y hasta el momento nos han ignorado, es por eso que ahora la gente del pueblo se decidió a acompañarnos para que los diputados escuchen sus inquietudes y dejen de proteger la mala administración de Felipe Medina?, anotó.
De entrada, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal, Abraham Cepeda Izaguirre, les advirtió que la liberación del dictamen no está condicionado al ambiente electoral registrado en Coahuila.
Si en la sesión plenaria del próximo martes la Contaduría Mayor de Hacienda resuelve que Medina no comprobó los gastos, el Congreso del estado estará en condiciones de intervenir en contra del alcalde con un juicio de inhabilitación, a fin de retirarle el fuero.
Al mismo tiempo deberá presentar una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del presidente municipal, por delitos como el de peculado o desvío de recursos.
