Para los empresarios coahuilenses representados por la Coparmex, tanto en La Laguna como en Saltillo, los ahora cinco aspirantes a la candidatura del PRI para la gubernatura, deben firmar una suerte de pacto de civilidad y respeto a las instituciones. La premisa es realmente simple: “si la sociedad civil percibe y constata que se traen pleitos entre ellos, golpes bajos o guerras sucias, no tendrá confianza ni ahora ni cuando efectúen campañas formales y menos habrá credibilidad en los resultados, con riesgo además de que haya abstencionismo”.
Fernando Royo Díaz Rivera de Coparmex Laguna y Jorge Verástegui de Coparmex Saltillo, piden que los cinco hombres que hoy luchan por convertirse en el abanderado tricolor, se comprometan a respetar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, (IEEPEC), como árbitro del proceso; a respetar las reglas, a jugar limpio y apegados a lo que estipula la Ley Estatal Electoral de Coahuila y -resultado lógico de lo anterior- a respetar los resultados de los comicios del 25 de septiembre.
Los líderes empresariales aseguran que no hay enrarecimiento del ambiente político y tampoco factores de riesgo a razón de las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de la Federación (Trife) por el PRI por la eliminación de los “candados”, pero sí hay una “inusitada efervescencia política, que no implica precisamente desorden, sin embargo hay un riesgo que por haberse efectuado pre-pre campañas, la gente se puede hartar, desmotivar, confundir y por consiguiente, dejar de votar”.
Lo que piden los empresarios es correcto, ya que es deber de todos, principalmente de los que hoy se disputan la candidatura, el garantizar en los hechos, un proceso tranquilo y apegado con rigor al marco legal. Seguramente, todos los aludidos firmarán gustosos cualquier pacto que les convoque a la civilidad y al respeto, ya que significaría una verdadera torpeza política el desatender un llamado en estos términos. Pero más interesante y fructífero sería que los mismos empresarios diseñaran una estrategia para sancionar –como se pueda- al que por acción u omisión llegue a incumplir con el compromiso firmado.
