Agencias
MÉXICO, DF.- La Cámara de Diputados presentó formalmente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contestación a la demanda de controversia constitucional que inició el Ejecutivo Federal, con relación al Presupuesto de Egresos de 2005.
Por medio de un comunicado la Cámara informó que sustenta tres puntos fundamentales en la contestación a la Corte.
En primer término, que es facultad constitucional exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del Decreto de Presupuesto de la Federación; segundo, que el presidente de la República carece de atribuciones para vetar o hacer observaciones a dicho decreto, conforme a la Constitución.
Tercero, que el órgano legislativo actuó con pleno apego a los ordenamientos que la rigen, al determinar como improcedentes las observaciones que le fueron remitidas por el Ejecutivo, a través de un acuerdo del pleno aprobado por más de las dos terceras partes de los diputados presentes.
El documento consta de más de 180 fojas, que contienen varias líneas de argumentación jurídica, y cuyo objetivo es rebatir cada uno de los puntos de la controversia del Ejecutivo, precisando su improcedencia y falta de información.
La contestación fue presentada “Ad Cautelam”, es decir, con reservas legales por parte de la Cámara, debido a que el pleno de la Corte no ha resuelto aún los recursos de reclamación interpuestos en contra de las actuaciones de los ministros de receso que, a decir del órgano legislativo, fueron indebidas, por admitir la demanda y suspender la aplicación de algunos artículos del presupuesto.
En la contestación, solicita que sean citados en el juicio de controversia, en calidad de terceros interesados, los gobiernos de 21 entidades federativas y 95 municipios, toda vez que fueron afectados por la suspensión en la aplicación de recursos decretado por los ministros de receso, lo que llevó a la paralización de las inversiones autorizadas por los diputados.
En una primera parte, se hacen valer causales de improcedencia de la demanda del presidente, resaltando que el Decreto de Presupuesto aprobado por la Cámara constituye un acto concluido y perfecto desde el punto de vista jurídico, cuya alteración podría pone e riesgo el equilibrio fiscal de la Federación.
La contestación formula también consideraciones acerca del contenido y la naturaleza del presupuesto, desde un punto de vista integral, reflejando la evolución histórica y el marco conceptual y constitucional en que se han conformado principios y criterios vigentes para su revisión, modificación y aprobación.
También se da respuesta a los conceptos de invalidez presentados por el Ejecutivo, argumentando particularmente que el Decreto de Presupuesto aprobado no supone violación a las leyes federales relacionadas con la planeación y programación del gasto.
Los argumentos y consideraciones están respaldados por un conjunto de 30 pruebas iniciales que la Cámara aporta dentro de su contestación, para que sean valoradas por al Suprema Corte de Justicia de la Nación.
