Nos hemos podido enterar de las actitudes altaneras, corruptas y amenazantes de los capos de la mafia y del secuestro, recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma en el estado de México y la posterior toma de acción por parte de las autoridades correspondientes para limitarles el cada vez superior control que estos mafiosos ejercían.
Ante esa reacción gubernamental procedió la venganza de esta escoria de la sociedad a través de las ejecuciones de un custodio y cinco miembros del personal del penal de alta seguridad de Matamoros y las presiones ejercidas por abogados y familiares de los mafiosos presionando a la opinión pública.
Con todo este conjunto de acciones los capos de los cárteles de la droga y del secuestro han pretendido lanzar un abierto desafío al Gobierno del presidente Vicente Fox, pero también a todo el conjunto de la sociedad mexicana, que ya está harta de ver cómo estas mafias han alterado sustancialmente la paz social y vulnerado continuamente el Estado de Derecho.
Por esas razones la respuesta inmediata del presidente de la República el mismo día de las ejecuciones de los empleados del penal de máxima seguridad de Matamoros y del asesinato del abogado de un capo del narcotráfico en Toluca, fue la de convocar a los integrantes del gabinete de seguridad nacional, ordenando un operativo para reforzar de inmediato todos los penales federales e iniciar las investigaciones del caso.
Creo que ante estos hechos el pueblo mexicano en su conjunto y olvidándose de preferencias políticas partidistas debe cerrar filas en torno a las acciones contra las mafias del narcotráfico y del secuestro.
Estamos viviendo un momento crucial en el que se puede constatar una valiente acción gubernamental para reprimir el terrible cáncer de la inseguridad pública propiciada por el crimen organizado que en tiempos recientes logró fortalecerse merced a la amenaza de llenar de plomo a aquellos funcionarios e instituciones que buscaron combatirlos o bien que sucumbieron a la plata otorgada a aquellos que colaboraron activa o pasivamente.
Si en este momento los poderes Ejecutivo y Judicial primordialmente, no encuentran todo el apoyo social y de opinión pública que requiere una activa cruzada como la que demandan las circunstancias, el riesgo es que la mafia de los pasos decisivos para enseñorearse en este país.
Si el pueblo mexicano no manifiesta rotundamente todo su apoyo a policías, funcionarios públicos, militares, jueces y magistrados que con el valor con el que muchos héroes anónimos lo han hecho hasta ahora, arrastrando peligros de muerte o de difamación, el riesgo que contemplará ese pueblo pasivo en el mediano plazo será cada vez mayor la dificultad por construir un auténtico Estado de Derecho y que la inseguridad, violencia e impunidad que se viven en muchas calles de nuestras ciudades, se intensifique, con la consiguiente pérdida de la confianza nacional y el correlativo enriquecimiento de los mafiosos y de los funcionarios públicos que los respalden, apoyen o escondan.
