Una vez que se terminó el plazo de los 100 días para evaluar en forma conjunta la situación que viven alrededor de 71 fraccionamientos no municipalizados en la ciudad de Durango, las comisiones del Ayuntamiento involucradas en la evaluación decidieron devolver los estudios que hizo cada Dirección, para ahora unificar criterios en las dependencias involucradas, de tal modo que el proceso tardará aún más.
Jorge Salum del Palacio, coordinador de regidores del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento, informó lo anterior. Ayer se terminó el plazo de los 100 días que se habían señalado para las dependencias municipales como Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Servicios Públicos y Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa).
También asistieron las comisiones involucradas en los mismos temas, que pretendían determinar las acciones a seguir una vez que tuvieran a la mano los estudios y diagnósticos de los fraccionamientos que se encuentran con problemas en alguno de los tres aspectos de referencia.
La dificultad a la que se enfrentaron los regidores, así como los titulares de las direcciones, fue que no hubo oportunidad de analizar objetivamente los fraccionamientos, pues los estudios se hicieron en forma individual por cada dependencia.
Lo anterior provocó que si un fraccionamiento se encontraba sin problemas físicos en entrega de pavimentación y cordonería, por ejemplo, incluso en instalación de red hidráulica para abastecimiento de agua, sí presentaba algún inconveniente con el alumbrado público, o hubo casos en que había alumbrado público y red de agua, pero no pavimento, de tal modo que no se podían unificar criterios.
Hace varios días Roberto Hernández Bruciaga, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, habló de la posibilidad de municipalizar unos 13 fraccionamientos, alrededor de la misma cantidad de la que habló Salum del Palacio; sin embargo, hay otros asentamientos que estarán pendientes por municipalizar y que estarán en proceso, pues sus requerimientos son mínimos.
En otros casos, las constructoras de los fraccionamientos ya no se encuentran en la ciudad y no es posible exigirles que cumplan con cierta normatividad si no hay responsabilidad para la empresa, por lo que se buscarán los mecanismos para que la municipalización pueda hacerse en estos casos.
