Ha iniciado una embestida publicitaria del Gobierno Federal tratando de hacer “ver lo bueno, no solamente lo malo”, pregonando mejoras nacionales en temas de devaluación, alza de reservas, verdadera promoción de la democracia con respeto a la autoridad, de los tres poderes, transparencia y libertad de expresión, entre otras; sin embargo el lunes nos desayunamos con la noticia: los autos ilegales, conocidos vulgarmente como “chocolates”, serán regularizados a través de un pago. Las quejas se hicieron sentir de inmediato, principalmente por los directamente ofendidos, los vendedores de autos en comercios establecidos legalmente a quienes les afectan su economía, de por sí muy deteriorada, quienes curiosamente pagan impuestos, generan empleos y participan de la vida ciudadana colectiva.
La enorme injusticia es para el ciudadano común y corriente, el que no sabe “amafiarse” en agrupaciones de oscuro origen con manipulación de las leyes; para aquel mexicano que es igual o más pobre, pero que paga sus impuestos por tener un vehículo automotor para uso familiar y que tal vez hasta lo hayan chocado con un “chocolate”, encontrándose con el agravio de que “no hay a quién cobrarle los daños”. Lo curioso es que unos y otros van a votar en 2006, y esa realidad está calculada, no lo dude.
Ya el fin de semana nos habíamos enterado de la pérdida de empleo de centenas de miles de mexicanos que deberán encontrar los medios para llevar a casa lo mínimo necesario en cuestiones de comida, vestido, medicinas, dinero para la escuela de los hijos, etc. Ni duda cabe que ellos pasan a formar parte de los inconformes; seguramente se harán partícipes de economías subterráneas e ilegales y algunos hasta de grupos criminales. ¿Quién puede mantenerse impávido ante las necesidades familiares no satisfechas?
Usted deberá recordar aquella brillante idea de los “changarros”, cuyos aventurados propietarios han fracasado rotundamente por la imposibilidad de enfrentar la competencia comercial, al no poder establecer claras normas de administración y tampoco contar con los mínimos necesarios de capacitación y conocimiento. La frustración personal, seguramente, la llevarán consigo a la hora de votar.
La inseguridad pública ha llegado a los más altos niveles en la Historia de México, de hecho, en algunos estados federales como los fronterizos del norte, se han declarado simulados toques de queda, con la participación del Ejército Mexicano ante la fuerte presión de los gobernadores norteamericanos, que ven amenazada la seguridad de sus ciudadanos.
En el sur de México las cosas no están bien y ya algún gobernador estatal, en un acto de honestidad real, la que va en contra de la política de moda, ha declarado su incompetencia para enfrentarla.
Ese tema en particular ha sido mal manejado desde hace varios sexenios y sigue en aumento, a pesar de lo que digan las autoridades. Son cientos de millones de pesos perdidos por asaltos a domicilios y comercios, atracos en la vía pública y pérdidas de automóviles; y mucho dinero que el ciudadano debe invertir en seguros personales, de vida, contra robo y en reposición de los objetos perdidos. Y ellos también van a votar.
El narcotráfico ya desbordó los niveles de competencia de las policías nacionales, muchas de ellas corrompidas por la delincuencia organizada. Los vecinos han aumentado las medidas de seguridad en la frontera norte y la consecuencia natural ha sido la concentración de esas drogas en nuestro país. Es evidente el incremento en el “narcomenudeo” en México y la Comarca Lagunera no es excepción.
La desleal competencia internacional ya ha victimizado a las empresas mexicanas, que ante leyes disfuncionales, altos impuestos y elevados costos de producción, incluida la mano de obra mala y cara, suman a la oferta extranjera, especialmente la de países como la República Popular de China, que aplican políticas comerciales eficientes y bajos costos en pagos a sus trabajadores, provocando quiebras múltiples, desempleo y pobre poder adquisitivo, con la consabida pérdida de calidad de vida. Y esos enojados empresarios, comerciantes y consumidores también van a votar.
Por si fuera poco, la proliferación de la mal llamada economía subterránea, que es vista en nuestras calles, hace lo posible por quebrar a la formal. Puestos y tendajos que obstruyen el paso peatonal y la vista de los frentes de comercios legales; changarros que ofertan mercancías ilegales que van desde juguetes de contrabando hasta discos compactos piratas; comerciantes, a todas luces irregulares, que promueven artículos de pésima calidad y compiten ventajosamente, que no pagan impuestos y sí se roban la corriente eléctrica y reciben servicios costeados por los legalmente establecidos. Ésta es una triste realidad que por lo pronto, hasta el año 2006, será imposible ordenar, porque ellos... también van a votar.
La realidad de la lucha feroz en la Sociedad del Conocimiento se siente en todos los medios, incluyendo los educativos, donde han aparecido las llamadas “universidades corporativas”, empresas comerciales respaldadas por capitales nacionales y extranjeros, de empresarios que han descubierto la veta de oro y desean obtener ganancias, al precio que sea, aún con la formación parcial de los profesionales de México, hipotecando el futuro, apoyándose en engañosa publicidad y en nuestras propias flaquezas. La autoridad en materia educativa federal y de los estados se ha visto nulificada y maniatada para poder actuar, a veces por incapacidad, otras por ignorancia y muchas por falta de visión a largo plazo; además, ellos son “aves políticas de paso” a quienes les conviene no estar en malos términos con los capitalistas, porque también suspiran en poder “ser votados” en un futuro. Sé que usted conoce esos casos.
El “subcomandante” Marcos, grado obtenido en la clandestinidad, ya anuncia una nueva gira de proselitismo violando leyes; claro que tuvo una primera experiencia que le permitió llegar hasta las puertas de Palacio Nacional y sabe que el Gobierno es incapaz de controlarlo; además, no es conveniente ninguna acción contra él y sus enmascarados, porque ya vienen las votaciones de 2006, y sería pésima publicidad.
En el medio político hay alta inestabilidad, guerras entre partidos y al interior de los mismos; ruptura de reglas electorales y para colmo, gravísimo despilfarro de dinero. Para el año 2006, se tiene programado un gasto, que en ningún caso se puede considerar inversión, de doce mil millones de pesos; el más grande despilfarro en toda nuestra historia democrática. Todo en aras de promover la democracia y que votemos.
Le pido que no se confunda con el “Diálogo”, que no trata sobre criticar a la autoridad en busca de proselitismo por otros partidos, que para nuestra desgracia tienen más o menos los mismos problemas. La intención es motivarlo a que luchemos por el cambio, pero para bien; que nos preparemos desde ahora a impulsarlo con nuestro voto que vale más que nunca, cuando todo parece indicar que tenemos el rumbo perdido.
ydarwich@ual.mx
