El tema de los salarios de funcionarios públicos y legisladores ha dominado los titulares de varios periódicos en diversas entidades del país en fechas recientes. En Nuevo León, por ejemplo, la discusión se ha centrado sobre las remuneraciones que reciben los diputados del Congreso local, mientras que a nivel nacional destacó la declaración de Andrés López, quién se ha dedicado en las últimas semanas a decirle a la población lo que haría en caso de llegar a la presidencia de México.
Sobre este particular, el precandidato “totalmente Palacio”, además de darnos a conocer su posible nuevo domicilio, advirtió que reduciría el sueldo del puesto de Presidente de México a la mitad, y que haría algo similar con los de sus más cercanos colaboradores en el Gobierno Federal, así como con las elevadas pensiones de los expresidentes, para “liberar fondos para el desarrollo social y bienestar de la gente”.
Esta actitud de López no es nueva. En su campaña a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal (DF) en 2000 dijo que los puestos de mayor nivel en su gabinete verían una disminución o un congelamiento de sueldos, con el fin de utilizar los recursos sobrantes para subsidiar transporte público, alimentos básicos y medicinas.
En Septiembre de 2000 escribí que “La propuesta de López Obrador de reducir los sueldos de sus colaboradores…. es una invitación a la corrupción”. Mencioné, además, que: “años de estudio sobre el problema de la corrupción han llevado a la conclusión de que un importante mecanismo para prevenirla,[….]es contar con una atractiva estructura de sueldos para los servidores públicos, lo que además de atraer personas calificadas, eleva su costo de oportunidad por realizar actos corruptos”.
La nota concluía con lo que resultó profético: “el nuevo gobierno del Distrito Federal necesita cambiar su punto de vista sobre las remuneraciones de los servidores públicos, ya que de no hacerlo estará contribuyendo a mantener el problema de la corrupción en la capital del país”. El señor López no cambió de manera de pensar, por lo que no deben sorprendernos los casos de corrupción de varios de sus más cercanos colaboradores en el Gobierno del DF, como René Bejarano, Carlos Imaz, Octavio Flores y el asiduo visitante de la “ciudad del pecado”, Gustavo Ponce.
La gran mayoría de las personas, López entre ellas, no se percata de la vinculación entre funcionarios públicos mal pagados y corrupción. Esto explica, entre otras razones, porqué carece de un equipo de trabajo honesto y capaz. Para algunos su insistencia en ese tipo de “austeridad” en el gobierno federal suena bien, como también sonó bien durante su campaña a la jefatura de gobierno del DF, pero la ciencia económica y la experiencia nos indican que de ganar la presidencia y aplicarla veremos colaboradores ineptos y casos de corrupción todavía más graves que los registrados en su actual administración de la capital.
Una lucha frontal contra la corrupción requiere centrar la atención en el tipo de medidas que puedan abatirla significativamente. Destacan, entre otras, la instrumentación de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia gubernamental, una menor intervención del estado para reducir los beneficios que controla la burocracia y la discrecionalidad con que los otorgan, y establecer sanciones severas a los infractores. La experiencia enseña, sin embargo, que estas reformas no son suficientes. Hay necesidad de actuar también en el terreno de las remuneraciones de los empleados públicos. Y aquí falla Andrés López, cuya propuesta de reducir los sueldos de sus colaboradores es una invitación a la corrupción.
Años de estudio sobre este problema han llevado a la conclusión de que el monto de los incentivos monetarios y no monetarios que perderían los empleados públicos si reciben “mordidas” es un importante mecanismo para prevenirla. Hace algunos años escribí que “En la China imperial bajo la dinastía de CH’ing los magistrados de distrito recibían un pago adicional denominado yang-lien yin, ‘dinero para alimentar la honestidad’ “Hong Kong y Singapur aplican en la actualidad con gran éxito una política de incentivos salariales para los funcionarios públicos, lo que además de atraer personas calificadas, eleva su costo de oportunidad por realizar actos corruptos.
La raíz del problema de la corrupción, nos debe quedar claro, es el mismo gobierno, quien la estimula al establecer un sistema elaborado de trámites, permisos, subsidios, concesiones y licencias. Es muy común que los funcionarios corruptos retrasen labores administrativas, detengan expedientes o compliquen el papeleo de todo tipo de actividades con el fin de obtener la clásica “mordida”.
Una campaña para reducir la corrupción debe ir, por tanto, más allá de las exhortaciones morales, en particular cuando la vigilancia de los burócratas es difícil, como es el caso en nuestro país, por lo que el gobierno necesita centrarse en crear un entorno institucional que mejore las remuneraciones de los burócratas y reduzca la discreción con la que pueden actuar, así como establecer un conjunto de sanciones lo suficientemente severas como para lograr que aún los oportunistas renuncien a las prácticas corruptas.
Si el voto popular favorece al señor López para la presidencia de la República, y éste no cambia su punto de vista sobre las remuneraciones de los servidores públicos (y todo indica que no lo hará), estará contribuyendo a acrecentar el problema de la corrupción en el país, puesto que en términos generales no alcanza a comprender, como tampoco lo hace la actual administración, que los permisos oficiales, la proliferación de formas y oficios, las regulaciones, la asignación burocrática de los recursos públicos y los malos salarios son un “caldo de cultivo” para la corrupción.
