Un tribunal francés determinó que en marzo próximo celebrará el juicio contra Raúl Salinas de Gortari y su ex cuñada Adriana Lagarde, al cabo de una indagación iniciada en enero de 1996 por lavado de dinero procedente del narcotráfico. También estuvo involucrado en el caso Enrique, el hermano menor de Raúl y del reciclado ex presidente de la República, quien fuera asesinado en diciembre pasado, precisamente cuando se le localizaba formalmente con el objeto de citarlo a comparecer ante la justicia francesa.
Llamaron la atención de los investigadores franceses, desde hace casi nueve años, movimientos en las cuentas de esas personas desde el banco parisiense Societé General hacia la Societe des Banques Suisses y el banco Julios Baer, también suizo, y otras instituciones hasta por un total de 135 millones de dólares. En México, Raúl Salinas ha dicho que esa suma le fue entregada por varios empresarios amigos suyos (algunos de los cuales han compartido la versión) para crear un fondo de inversiones. En Francia no ha sido creída esa especie (que donde quiera resulta extraña porque supone la disposición de importantes sumas sin ninguna constancia y porque implica que diestros o al menos habituales manejadores de dinero lo confíen a quien carece de experiencia pública en esa materia).
Por eso se realizó una prolongada pesquisa que concluyó el año pasado. En noviembre se pidió la localización de Enrique Salinas de Gortari, para convocarlo a las vistas del caso. No era preciso hacerlo con su ex esposa porque ella reside en Francia y debe presentarse periódicamente ante la justicia (como se hace en la libertad bajo fianza). Y Raúl estaba preso entonces. Citado ahora, se hizo representar por un abogado. Su ex cuñada acudió al tribunal ayer y quedó notificada de que su juicio ocurrirá dentro de seis meses.
Cuando llegó a México la solicitud de localizar a Enrique, los responsables de hacerlo, en la Agencia Federal de Investigación, incumplieron su deber de tal forma que la infracción concluyó con la muerte del menor de los Salinas. En apariencia, miembros de la AFI lo extorsionaron, y la víctima estuvo en disposición de entregarles cerca de tres millones de dólares. Pero una demora en su disponibilidad de dinero (o quizá la decisión de no someterse a la ilegal presión) condujo al asesinato.
No puede comprenderse a cabalidad lo ocurrido en diciembre pasado debido a la incompetencia, lenidad y eventualmente complicidad de la antigua Policía Judicial con miembros de esa corporación. Con lo sabido hasta ahora hay cabos sueltos que hacen ininteligible la situación en que se encontraba Salinas de Gortari. A simple vista parece desproporcionado el monto de lo requerido por los agentes y la contraprestación ofrecida. Ellos mentirían a la autoridad francesa, fingiendo que no lo habían localizado y la víctima pagaría por ese favor 2.9 millones de dólares. Se entendería su aceptación si con ello pagara impunidad plena pero, cuando más estaría obteniendo tiempo. Como ha ocurrido hasta ahora con Raúl, Enrique hubiera sido investigado en ausencia y llegado el momento de la sentencia volvería a enfrentarse con un pedido extranjero, ahora para que se le extraditara y no sólo fuera localizado.
Cuando se divorciaron Enrique y Adriana Lagarde, convinieron en que él entregaría a su ex esposa dos millones de dólares en cuanto fueran descongelados siete que a nombre de él mantenía en resguardo judicial la autoridad suiza. Ambos participaban como conductos de las transferencias hechas por Raúl desde Banca Cremi al banco parisiense y quizá por eso o por otras causas eran titulares de algunas cuentas. Cuando Enrique pudo disponer de esos siete millones, no lo hizo del conocimiento de su antigua cónyuge, y tal vez de esa omisión derivaron las presiones ejercidas por los agentes ministeriales.
Están detenidos los dos agentes enviados a establecer el domicilio de Enrique Salinas. José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy hubieran aparecido en un cuadro de honor por cumplir una comisión en breve lapso, de no ser porque forzados o invitados por sus jefes resolvieron dar uso ilegal a la información obtenida. Esos jefes, Nahúm García y Eleazar Muñoz, están prófugos. La Procuraduría de Justicia del Estado de México consiguió de sendos jueces federales órdenes de aprehensión contra ellos, pero las semanas pasan sin que sus compañeros o subalternos las cumplan. Hay que decir en abono de los omisos que no practican esa deferencia únicamente en beneficio de los suyos. Tampoco han cumplido, por ejemplo, los repetidos mandamientos judiciales contra antiguos agentes y jefes policiacos inmiscuidos en la guerra sucia.
Durante su prolongada prisión, que concluyó en junio pasado, Raúl Salinas de Gortari y su hermano el ex presidente arguyeron y obraron como si aquél fuera víctima de una distorsión de la justicia por razones políticas, dado el conflicto entablado entre Salinas y su heredero, Ernesto Zedillo. Difícilmente podrían sostener esas afirmaciones en esta nueva fase de los acontecimientos penales en que aparece Raúl.
No se puede anticipar el desenlace del proceso francés, pero no puede negarse que reunir la evidencia que condujo a ese juicio ha requerido al menos una gran diligencia. En el sumario se formulan hipótesis que vinculan al hermano incómodo con el narcotráfico mismo y no sólo con su secuela de limpieza de dinero. Por eso tal vez su hermano aspira a ejercer nuevo poder. Y lo consigue.
