Poderoso caballero es Ricardo Salinas Pliego. Ha conseguido frenar y quizá logre que se deseche, un proyecto de Ley de mercado de valores que daña a sus intereses, porque lo expondría a una mayor vigilancia de la autoridad, como la que lo condujo a sacar de la bolsa neoyorquina a sus empresas y provocó el litigio que mantiene en su contra el órgano fiscalizador bursátil norteamericano.
La Ley, además, dotaría de defensas a los accionistas minoritarios, algo contrario a lo que desean los controladores abusivos.
Salinas Pliego es más poderoso que todo el sector privado mexicano. Apenas anteayer, todas las agrupaciones de dicho sector, encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial y en especial las que reúnen a los participantes en el mercado bursátil y en el campo financiero urgieron a la Cámara de Diputados a “redoblar los esfuerzos legislativos a fin de aprobar la iniciativa de la Ley del mercado de valores en los términos en que fue dictaminada favorablemente por las comisiones de Hacienda y aprobada por el Honorable Senado de la República”.
Aseguran las organizaciones empresariales que la minuta respectiva es “resultado de un profundo ejercicio parlamentario de intercambio de opiniones y formación de consensos para promover el bienestar del país”, precedido de “un amplio proceso de integración de la iniciativa, en el que durante dos años diversos actores de la sociedad y participantes del mercado aportaron elementos para construir un proyecto que responda a las grandes expectativas del país, así como a las más relevantes tendencias internacionales en este campo”.
En todo ese proceso, sólo se escuchó una voz contraria al proyecto que tras su aprobación en el Senado debería haber sido ya discutido y aprobado por la Cámara de Diputados.
El Grupo Salinas, una de cuyas piezas principales es TV Azteca -comprada al Gobierno con un préstamo, todavía insoluto trece años después, por 29 millones de dólares facilitado por Raúl Salinas de Gortari- arguye que el documento legislativo “regula excesivamente” la actividad bursátil y tacha de “pragmatismo extranjerizante” el apego a las mencionadas tendencias internacionales recientes, derivadas de los abusos delictivos que no pocos controladores de empresas cometieron en perjuicio de sus accionistas.
Descalifica a la legislación propuesta como un “intento de establecer a priori un modelo sobrerregulado que si bien funciona en el extranjero, tampoco ha mostrado un efecto de crecimiento en la actividad”. Prefiere, en cambio, “la autorregulación (como) una alternativa real para la organización de los mercados”.
Parapetado en pretextos que esconden su propósito de que sus operaciones bursátiles no sean supervisadas, el Grupo Salinas (cuya argumentación formal incluye hasta defensa de ¡la doctrina jurídica mercantil mexicana!) ruega a Dios y da con el mazo.
Emprendió hace meses una campaña de intimidación contra los impulsores de la Ley, a través de sus emisiones periodísticas en TV Azteca.
Escogió, entre otros, para lastimarlo con su poder difamatorio, al diputado panista Gustavo Madero, que preside la Comisión de Hacienda quien, no obstante las mentiras narradas sobre su actividad privada, se ha mostrado empeñoso en sacar adelante este proyecto. Para hacerlo y en vista de que las sesiones del órgano que encabeza no reunían el quórum cuando se trataba de dictaminar la minuta senatorial que el Grupo Salinas preferiría no hubiera caminado -y que consiguió que no se dictaminara en el periodo de sesiones extraordinarias de junio pasado-, optó por preparar un predictamen y someterlo a la firma de los integrantes de la Comisión.
Reunió así los votos de la mayoría y entregó el dictamen respectivo a la Mesa Directiva, que lo guardó durante todo septiembre. El jueves pasado, en vez de programar su discusión en el pleno como debe hacerse con los materiales surgidos de las comisiones dictaminadoras, el presidente de los debates, Heliodoro Díaz Escárraga, turnó el dictamen a la Junta de Coordinación Política.
“Este es un procedimiento de lo más inusual, del cual nosotros nos sorprendemos”, dijo Madero el lunes. Por si no fuera suficiente con esa singularidad, agregó que “el diputado Pablo Gómez, como presidente de la Junta de Coordinación Política, está haciendo llamadas a todos los integrantes de la Comisión de Hacienda para ver si ratifican su firma”. Esa conducta puede deberse a la opinión de diputados del PRI y del PRD que consideraron impropia la manera en que se aprobó el dictamen, aunque es usual que las firmas se recojan fuera de sesión y es eficaz siempre que el dictamen haya sido debidamente discutido.
Al legislador panista, sin embargo, le parece que el procedimiento de ratificación de firmas “es más bien para intimidar y presionar para que esta iniciativa no avance”.
Madero informó que se busca que legisladores firmantes del dictamen retiren su voto y citó a Emilio Zebadúa, miembro de la bancada perredista como quien ya lo hizo.
Pregunté al ex consejero electoral y ex secretario de Gobierno de Chiapas, y confirmó lo dicho por el diputado panista. Sólo que retiró su firma no por desacuerdo con el dictamen, que sigue avalando, sino sobre el modo de obtener la aprobación de la mayoría de la comisión. Como quiera que sea, es deseable que el pleno conozca a la brevedad la minuta y se apruebe y entre en vigor o en caso contrario, quienes concuerden con Salinas Pliego o se opongan a la Ley por otras razones las expliquen.
