Asevera la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Norma Beatriz Pulido Corral, que durante 2004 fueron sancionados 135 servidores públicos y seis fueron destituidos.
En total fueron 33 servidores públicos los que recibieron una sanción de suspensión de sueldo por cinco días, 28 más apercibimiento privado, 18 causaron baja, suspensión por diez días fueron 16, según el sexto informe de actividades de la CEDH.
De las sanciones aplicadas, 101 fueron por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 21 por la Dirección Municipal de Seguridad Pública de la capital y otros municipios, ocho por la Secretaría de Educación, cinco de la Secretaría de Salud, una del Juzgado Administrativo y dos por los Centros de Rehabilitación Social.
?Los funcionarios públicos fueron sancionados por diferentes autoridades, fundamentalmente por la Procuraduría General de Justicia del Estado; debo mencionar que las sanciones fueron desde destituciones hasta un exhorto que conforme a una ley municipal permite como sanción y ello derivado de recomendaciones, de propuesta de conciliación y además, también, durante el trámite de la queja comenzó la autoridad las investigaciones correspondientes y decidió sancionar?, explica.
Pulido Corral dice que al cierre del año pasado había dos servidores públicos que estaban suspendidos porque se encontraban en un proceso administrativo resultado de una queja interpuesta en la CEDH. ?Me parece que la autoridad en este sentido ha avanzado porque finalmente se han concientizado de que la Comisión es coadyuvante al servicio público que prestan?, expone.
Las principales causas por las que los servidores públicos recibieron una sanción son la detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, allanamientos de morada, lesiones, entre otros motivos, según añade la entrevistada.
Hace referencia al homicidio ocurrido en una comunidad indígena cerca de Huazamota, el cual fue efectuado por policías ministeriales, caso que todavía no llega a su fin.
?Ya está consignada la averiguación previa y lo que nosotros recomendamos fue la aplicación de procedimiento administrativo, porque durante el trámite de la queja se hizo la consignación pero solicitamos que se hiciera otra averiguación previa respecto a la conducta de otro servidor público?, manifiesta.
A mediados de 2004, con motivo del fin de cursos escolares, los habitantes del poblado indígena organizaron una fiesta. Al parecer los policías ministeriales recibieron una alerta de que había disturbios y remitieron a una persona pero mataron a otro indígena que salió en su defensa; posteriormente, asesinaron al detenido.
?Nosotros estuvimos en esta zona serrana y desgraciadamente aun y cuando conocen ellos y lo mencionan cómo les llegó el comentario de cómo ejecutan al otro indígena y nos dan los datos, no quisieron declarar ante el Ministerio Público; es un asunto que ha quedado sin resolver. Deben tener miedo porque en algún momento algunas personas deciden no intervenir en un proceso por una y múltiples causas. Pero las investigaciones están realizadas y se solicita que se investigue respecto a la muerte de este indígena?, puntualiza.
SEÑALAMIENTOS
En el 2004 la CEDH emitió 27 recomendaciones
23 al Procurador General de Justicia.
1 al Presidente Municipal de la capital del estado.
1 al presidente municipal de Pueblo Nuevo.
1 al Director de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Estatal.
1 al Presidente Municipal de Pánuco de Coronado.
1 al Presidente Municipal de Nazas.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
