Cuando escribo sobre asuntos del Estado de Guerrero, por ejemplo, de la inminente construcción de la presa de La Parota de la CFE en el río Papagayo, obtengo un espacio reducido en los periódicos del D.F. y de otras entidades (en los de Guerrero cero, por el primitivo ostracismo-censura de la prensa local).
Probablemente la presa se considera sólo tema de interés local, pero no hay tal. El carácter sísmico de la costa guerrerense puede tener consecuencias graves para el país si se pretende provocarlo con construcciones peligrosas. A raíz de las ceremonias conmemorativas de los sismos de 1985, cuyo epicentro se ubicó en las costas de Michoacán, se estuvo repitiendo hasta el cansancio que se podría producir en el DF en el futuro inmediato o mediato otro sismo de grandes proporciones, con epicentro en la zona sísmica de Guerrero, la más frágil del país, ergo la más peligrosa para la capital y otras ciudades cercanas.
Se habló incluso de la alarma instalada en la costa guerrerense que a veces funciona cuando no hay sismo y ni se inmuta cuando lo hay. En todo caso entre la costa y el D.F. sólo hay en cuestión sísmica 60 segundos de tregua.
Semarnat, la secretaría de la que partió Alberto Cárdenas, el caballo negro del blanquiazul, a su precampaña por la candidatura presidencial panista, olímpicamente se lavó las manos ante la insistencia de la Comisión Federal de Electricidad y de algunos sectores de Guerrero muy interesados en construir la presa a fuerza y contra toda prudencia.
La quieren sin que les importe el pequeño detalle de su enorme peso en la zona sísmica que según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental podría representar el alto riesgo de un terremoto catastrófico, ya que el peso del embalse de la hidroeléctrica sería nueve veces mayor que el de la bahía de Acapulco y en la zona no ha sucedido un sismo fuerte en casi cien años, lo cual aumenta las probabilidades de que la energía acumulada tenga que encontrar cauce con el peligro consecuente.
En Guerrero hay valientes grupos que se oponen a la presa específicamente por razones ecológicas. Por una parte, la Asociación de los Guerreros Verdes, mencionada aquí que tiene insospechables ideales y ciertos recursos de gente generosa y con acceso a información de punta.
Y por la otra, admirables asociaciones ambientalistas campesinas, atacadas por los caciques locales, pero también por los Gobiernos estatales y federales que hace mucho están en guerra contra los campesinos de Guerrero. Caciques, empresarios, fraccionadores, políticos y compañías transnacionales quieren seguir explotando los bosques de los pobres.
El neoliberalismo dejará al planeta hecho un páramo. Frecuentemente, por no decir constantemente, todos los buitres descritos pagan a campesinos esquiroles, encarcelan o matan a líderes defensores de su patrimonio, es decir defensores heroicos (ésos sí) del equilibrio ecológico de su región, de su estado, del país, del mundo.
Mientras se conmemoraban con cobertura nacional los sismos de 1985, en Guerrero era asesinado Tomás Cruz Zamora, campesino de 40 años, opositor al proyecto de La Parota. El hecho tuvo lugar en Huamuchitos, localidad que resultara afectada por la hidroeléctrica. Cruz Zamora salía de una reunión contra la dicha construcción.
Lo mató otro campesino del mismo apellido, Cirilo Cruz Elacio, apoyador de la presa, según dijo el vocero del grupo opositor a La Parota, Marco Antonio Suástegui, por órdenes del presidente de Bienes Comunales de Cacahuatepec “pagado” por los interesados en La Parota, encabezados por la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno estatal (más tímidamente el de Zeferino Torreblanca que el de René Juárez quien en el campo del ambientalismo, de la urbanización y de la estética fue un chivo en cristalería, pero eso sí se hizo trillonario).
Todos los ricos y poderosos están unidos para depredar mejor y han logrado la proeza de hacer que los campesinos guerrerenses se entremeten una vez más por la construcción de una presa peligrosísima, financiada por el Banco Mundial.
El gobernador de Guerrero, “Poncio” Zeferino Torreblanca Galindo, según nota del “Gráfico” (20/9/05) evadió a la prensa que esperaba que al término de una reunión hablara entorno del asesinato del opositor de La Parota.
Otro asesinato que sacudió el domingo 18 de septiembre a Atoyac, el poblado que se hizo famoso mundialmente por la matanza de Aguas Blancas en 1995, fue el del líder de la OCSS, Organización Campesina de la Sierra del Sur, Miguel Ángel Mesino, de 34 años, hermano de Rocío Mesino dirigente de la OCSS, agrupación a la que pertenecían precisamente aquellos muertos de Aguas Blancas que el Gobierno de Rubén Figueroa Alcocer mandó masacrar cuando marchaban inermes por un vado.
La larguísima guerra sucia continúa en Guerrero y debe detenerse a la mayor brevedad por mil razones. La primera el derecho a una paz largamente anhelada y siempre destruida por los intereses bastardos locales, nacionales o de fuera. Ya es hora que el Gobierno estatal y federal dejen de apoyar a los ricos y encarcelen (o maten) a los campesinos. Ya basta de sangre, ya basta de cacique todopoderoso que hoy apuntala al Gobierno estatal “perredista”.
Los campesinos ecologistas de Guerrero deberían convertirse en guardias forestales del Gobierno para detener la depredación en lugar de ser combatidos para que unos cuantos sinvergüenzas se sigan enriqueciendo con sus bosques.
Y ahora, cuando por fin a punta de catástrofes naturales espantosas, la gente está entendiendo que hay que salvar al planeta no puede Guerrero aferrarse a vicios del pasado que lo llevaron al triste honor de ser uno de los tres estados más pobres del país y menos aún permitir, por sus conocidas características sísmicas, que el neoliberal Gobierno de Fox y su patrón, el Banco Mundial, especulen con proyectos peligrosos como es una presa en una la zona de gran fragilidad de la corteza terrestre.
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