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Se deslinda Sagarpa de la crisis cañera

Califica Usabiaga sin fundamento la toma de al menos 58 ingenios azucareros

Agencias

MÉXICO, DF.- La Sagarpa está enredada con el conflicto cañero.

Javier Usabiaga se deslindó ayer de la acción de inconstitucionalidad que promovió la PGR en contra de la Ley Cañera ante la Suprema Corte de Justicia pero calificó de injustificada la protesta de los productores.

Ante el deslinde de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), pareciera que no existe una autoridad responsable para resolver el conflicto iniciado el pasado viernes 23 de septiembre.

En los dos últimos días los cañeros han ido de dependencia en dependencia; el lunes fueron a Gobernación, quien los envió a la Sagarpa y otra vez regresan a Gobernación.

En conferencia de prensa, Javier Usabiaga, todavía secretario de Agricultura, calificó sin fundamento la toma de 40 ingenios, según los dueños de las fábricas, y 58 de acuerdo con los cañeros, así como la manifestación programada para hoy en las instalaciones de la Sagarpa.

?(Las movilizaciones) son una sinrazón, existe una Ley que el Legislativo promovió y el Ejecutivo publicó para dar seguridad a los productores y esa Ley hoy está vigente, es aplicable, no tienen ninguna razón?, afirmó.

El funcionario dijo que ante el conflicto seguirá al frente de la dependencia, en tanto el presidente Vicente Fox no diga lo contrario.

Admite Corte Juicio contra Ley Cañera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió el juicio de acción de inconstitucionalidad presentado por la Procuraduría General de la República (PGR) contra aspectos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar que a decir de la institución son violatorios de la Constitución.

La ministra Olga Sánchez Cordero admitió la demanda luego que le fue turnada, por lo que ahora emplazó a las cámaras de Diputados y de Senadores, así como al Ejecutivo Federal, para que en 30 días respondan las impugnaciones formuladas contra la llamada Ley cañera.

Una vez admitida la demanda, el Congreso de la Unión o el titular del Ejecutivo Federal pueden promover un recurso de reclamación para tratar de revertir la decisión de Sánchez Cordero.

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