El magistrado Segundo de lo Civil, Ernesto Galindo Sifuentes, negó que haya incurrido en anomalías o violaciones a la Constitución al asesorar a la empresa Servicio Panamericano, ya que tal situación fue antes del 15 de septiembre, fecha en que su despacho estaba abierto y como litigante llevaba el asunto.
Tal caso se desprende a raíz de supuestas anomalías cometidas por la jueza Quinta de lo Penal, Silvia Vázquez Campa, en contra de Ricardo Rangel González, empleado implicado por la empresa de valores en el robo de 1.2 millones de pesos, sin que a la fecha se haya probado contundentemente tal conducta.
Como parte del desacuerdo, el quejoso presentó un recurso de inconformidad contra la sentencia emitida, por lo cual la Sala Penal adscrita al TSJ pidió una revisión tras las inconsistencias y falta de elementos encontradas.
Entre las anomalías que señala el ex trabajador, fue que el magistrado Galindo Sifuentes aún fungía como representante legal de la empresa; además, era quien presionó a sus ex compañeros para que declararan en su contra.
Con el antecedente y después de la presentación del Programa de Actividades 2005, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, en su oficina, explicó que tal situación no puede ser posible o creíble, toda vez que todos los magistrados desde el 15 de septiembre suspendieron sus labores como litigantes, incluso, al punto de cerrar sus despachos para evitar sanciones.
?Es una prohibición que impone la ley; por ello creo que no puede ser posible tal situación?, detalló.
Por su parte, Galindo Sifuentes acotó que no sólo terminó su compromiso profesional con la empresa Panamericana, sino con el resto de los clientes de su despacho; prueba de ello es que cerró para que no se prestara a malas interpretaciones por el cargo que actualmente desempeña.
