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BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Las relaciones entre el Estado argentino y la Santa Sede estaban ayer en su peor momento en medio siglo, luego que el portavoz del Vaticano acusara al Gobierno del presidente Néstor Kirchner de ?violar la libertad religiosa?, por haber relevado al Vicario General Castrense.
El anterior conflicto con la Iglesia Católica revistió mucha mayor gravedad. Se produjo en 1955 con un áspero enfrentamiento entre el presidente Juan Domingo Perón y la jerarquía católica, que lo había respaldado en los primeros años de su Gobierno.
El episodio derivó en el incendio de templos y la expulsión de obispos y sin duda precipitó el derrocamiento de Perón en septiembre de ese año.
El Vicario castrense, monseñor Antonio Baseotto, provocó conmoción hace un par de semanas, cuando dijo que el ministro de Salud Pública, Ginés González García, merecía ser ?arrojado al mar con una piedra de molino al cuello?, por haber defendido la despenalización del aborto y el uso de profilácticos para combatir el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, (Sida).
La frase del Vicario, quien es el jefe de los capellanes católicos de los servicios armados, generó una ola de indignación, ya que evocó la práctica de la pasada dictadura militar de arrojar al mar, desde aviones navales, a detenidos políticos.
Kirchner envió un mensaje a la Santa Sede pidiendo el reemplazo de Baseotto. Pero el Vaticano rechazó la solicitud y expresó públicamente su apoyo al Vicario, por considerar que había defendido principios caros a la Iglesia.
El presidente reaccionó con energía y el viernes pasado derogó el decreto de designación de Baseotto, firmado en 2002 por el entonces presidente provisional Eduardo Duhalde. Además dispuso que dejara de pagársele el sueldo mensual de cinco mil pesos (mil 700 dólares), que el obispo percibía por estar asimilado al rango de subsecretario de Estado.
?Es inaceptable para este Gobierno, comprometido con la defensa de los derechos humanos, las expresiones, invocando alegorías (de los Evangelios), de connotaciones muy fuertes en la República Argentina, que recuerdan los llamados ?vuelos de la muerte? (de la dictadura militar)?, expresó el decreto gubernamental.
El portavoz Vaticano Joaquín Navarro Valls dijo el sábado en Roma que ?obviamente, si se impide ejercer el ministerio pastoral a un obispo legítimamente nombrado por la Santa Sede según las normas del derecho canónico y los acuerdos vigentes, nos encontramos frente a una violación a la libertad religiosa, así como de estos acuerdos?.
Los obispos argentinos, reunidos el sábado, rompieron el silencio que habían guardado desde que comenzó el altercado con el Vicario y calificaron la decisión de Kirchner de ?apresurada y unilateral?. El portavoz del Episcopado, Jorge Oesterheld, declaró a la prensa que la remoción de Baseotto ?es un paso hacia la discriminación y un atropello a la libertad religiosa?.
Esas críticas fueron respondidas en la noche del sábado por Alberto Fernández, jefe del Gabinete de ministros de Kirchner. ?No está en juego la libertad religiosa. Monseñor Baseotto ha tenido una serie de expresiones que el Poder Ejecutivo consideró poco felices?.
La difusión periodística la semana pasada de anteriores afirmaciones del obispo Baseotto, de contenido antisemita, hicieron que el principal organismo de la colectividad judía también pidiera su remoción.
