“Cuando me secuestraron, mis padres
actuaron con rapidez: de inmediato
alquilaron mi habitación”.
Woody Allen
De la negación se ha pasado, afortunadamente, a la acción. No hace muchos días el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba que una campaña de publicidad contra el secuestro patrocinada por México Unido contra la Delincuencia era parte de una conspiración montada por “El Innombrable”, Carlos Salinas de Gortari. Después del secuestro, este 19 de julio, del director técnico del equipo de futbol Cruz Azul, Rubén Omar Romano, por un comando armado, Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, afirmó que el plagio no había tenido lugar. Cuando quedó claro que sí había existido, algunos simpatizantes de López Obrador empezaron a sugerir que la acción había sido patrocinada por la ultraderecha para hacer quedar mal al jefe de Gobierno de la capital.
Ayer, sin embargo, cambió el tono del discurso en el Gobierno de la Ciudad de México. López Obrador reconoció en su conferencia de prensa matutina que los secuestros sonados, como el de Romano, afectan la percepción de la población sobre la inseguridad. No se requiere un complot para ello. Ortega anunció, por otra parte, que la Secretaría de Seguridad Pública a su cargo está preparando la creación de un grupo antisecuestros.
La experiencia demuestra que el secuestro se puede reducir de manera dramática en un tiempo breve. Esto lo consiguió, por ejemplo, el Gobierno de Sinaloa en los tiempos de Juan S. Millán con la creación de un grupo especializado al que se le dio apoyo económico para la compra de equipos de alta tecnología para labores de inteligencia. En Morelos también ha habido, en el Gobierno de Sergio Estrada Cajigal, una disminución importante en los secuestros.
El secuestro, por supuesto, no es un problema limitado al Distrito Federal. La falta de información fiable y homogénea, empero, impide hacer comparaciones sistemáticas. La Procuraduría del Distrito Federal, por ejemplo, simplemente no incluye cifras sobre este crimen en su página de Internet. Sin embargo, los datos disponibles permiten suponer que este crimen es frecuente en muchas entidades del país.
Los problemas no se pueden enfrentar mientras no se reconozcan. México Unido contra la Delincuencia podrá ser una organización política empeñada en atacar a López Obrador, pero el problema del secuestro en la Ciudad de México no se puede soslayar. Desde antes del secuestro de Romano, Andrés Manuel debió haber reconocido la gravedad de la situación y buscar medidas -precisamente como la que ayer anunció Ortega- para enfrentarlo.
Parte del problema de Andrés Manuel en este asunto es ideológico. Como muchos otros izquierdistas, López Obrador se muestra convencido que el crimen es un problema económico y no de Policía. Por eso en su lista de 50 compromisos con el país, cuando llega al tema de la inseguridad pública lo único que ofrece es atacar la pobreza y el desempleo.
Pero el secuestro, que es uno de los crímenes que más laceran a la sociedad, no tiene una relación significativa con la pobreza. Quienes participan en las bandas de secuestradores no lo hacen por hambre. Tienen recursos para pagar armas de alto poder y casas de seguridad. Muchas veces se trata de ex narcotraficantes y ex policías. El crimen organizado no surge de la pobreza sino de la ambición.
Combatir el secuestro no es fácil pero tampoco es imposible. La creación de grupos especializados, como el de la Secretaría de Seguridad Pública, es un buen primer paso, aunque hay que tener cuidado de no crear organismos que se contrapongan o se dupliquen en sus funciones: recordemos que la Procuraduría del Distrito Federal cuenta también con un grupo antisecuestros. La disponibilidad de dispositivos de inteligencia de alta tecnología, como los interceptores de llamadas de celular, es indispensable para el éxito, pero también el trabajo coordinado de policías de distintas entidades de la federación.
El secuestro es un problema social. No afecta únicamente a los ricos y famosos: hay en la actualidad una oleada de plagios, los cuales nunca se denuncian, que afectan a personas de muy escasos recursos y que se saldan por cantidades de tres a cinco mil pesos. Algunas familias han sufrido hasta tres secuestros.
El problema no se va a resolver con declaraciones ideológicas ni acusando a supuestos conspiradores de estarlo creando. Se necesita un trabajo policiaco de mejor calidad y de mayor intensidad.
LÍMITES EN CAMPAÑAS
En México no hay topes legales de gasto en las precampañas. Pero en los Estados Unidos no hay límite en ningún momento. Un candidato presidencial y su partido pueden, en la Unión Americana, gastar tanto como reúnan de sus donantes. Hay límites en lo que puede aportar una persona o una empresa, pero no en el gasto de un candidato.
