El líder indígena, Evo Morales dijo que un eventual diálogo con el presidente está sujeto a que éste se disculpe públicamente por las acusaciones que hizo en su contra.
La Paz, (EFE).- Los líderes sindicales más radicales de Bolivia sellaron hoy una alianza para forzar al presidente, Carlos Mesa, y al Congreso a imponer con la ley de hidrocarburos altos impuestos a las petroleras, en medio de un rebrote de las protestas.
El pacto sindical es una respuesta al firmado en la noche del martes por el presidente y los partidos conservadores, que supone la permanencia de Mesa en la Presidencia y la aprobación de una ley de hidrocarburos "viable" para las inversiones extranjeras.
El convenio sindical fue alcanzado en la sede de la histórica Central Obrera Boliviana (COB), que hoy recuperó protagonismo después de mucho tiempo a causa del acercamiento de su dirigente, Jaime Solares, al líder de los cocaleros, Evo Morales.
El líder aymara Felipe Quispe, el concejal de El Alto Roberto de la Cruz, los dirigentes campesinos Román Loayza y Alejo Veliz, y Miguel Zubieta, de los mineros, así como representantes de maestros, trabajadores fabriles, universitarios y del Movimiento Sin Tierra completaron la alianza.
Solares, que hasta hoy había mantenido distancias con Morales, a quien acusaba de ser aliado de Mesa, remarcó que el objetivo es pedir que se cambien los contratos con las multinacionales para que paguen una regalía del 50 por ciento.
La regalía, un pago fijo por explotar recursos naturales, es ahora del 18 por ciento para los contratos de las multinacionales.
El Gobierno propone sumar a esta regalía un nuevo impuesto de hasta el 32 por ciento discriminando el tamaño de los campos, pero la oposición pide una subida directa al 50 por ciento para todas.
Para Morales, el reencuentro de los líderes es "histórico" porque "a partir de este momento las movilizaciones van a continuar" hasta que el Congreso apruebe la ley de hidrocarburos.
Quispe, cuyo liderazgo estaba en entredicho, se sumó al desafío y dijo que representan a "la mayoría histórica de Bolivia que elegirá su propio presidente, porque el mestizo Carlos Mesa nos ha traicionado".
La coalición coincidió con el establecimiento de nuevos bloqueos. Según el comandante de la Policía David Aramayo, existen al menos 39 puntos cortados al tránsito de autobuses y camiones entre Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, cinco de los nueve departamentos que tiene Bolivia.
Veinte de esos puntos están en el Chapare, la zona productora de coca que es el bastión de Morales, y desde donde muchos viajeros pidieron ayuda al Gobierno a través de los medios de comunicación.
Los campos petroleros y de gas de una filial de la British Petroluem (BP) continúan sin acceso en Cochabamba y es probable que las movilizaciones anunciadas en el norte de Santa Cruz cerquen otros yacimientos, dijeron fuentes petroleras.
Según la prefecta (gobernadora) de Potosí, Gisela Derpic, las carreteras hacia Chuquisaca y Oruro han sido cortadas por los campesinos que "obedecen a consignas políticas" de Morales.
En la ciudad de El Alto, grupos radicales insisten en mantener también obstaculizadas las vías hacia el altiplano, y las salidas a Perú y Chile, aunque la mayoría de la ciudad recuperó la normalidad.
La ciudad de Santa Cruz se convirtió hoy en el epicentro de otro conflicto inesperado por una huelga del sindicato de chóferes que reclaman seguridad ante el acoso de grupos de ciudadanos que les exigen bajar sus tarifas.
En tanto, el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, insistió en que el pacto político alcanzado anoche para ratificar al presidente Mesa "es insuficiente si no adquiere calidad de pacto social" y logra aglutinar a los sectores movilizados.
Morales destacó que un eventual diálogo con el presidente está sujeto a que el mandatario se disculpe públicamente por las acusaciones que hizo en su contra el pasado domingo.
"No es un capricho de Evo Morales", sino una decisión del grupo parlamentario del MAS, dijo el líder indígena horas después de anunciar la radicalización de las movilizaciones.
En tanto, el Gobierno anunció hoy que apelará a la Fiscalía para que intervenga ante las protestas que afectan los derechos de terceros en el libre tránsito del país.
