SANTA MARÍA DEL ORO, DGO.- Miguel Carrete Sáenz, presidente municipal, dijo que en ningún momento había despedido a la Contralora, sólo la separó de su empleo; esto lo aseveró en la audiencia que se llevó a cabo a petición de la afectada, Othilia Salgado Alvarado, en el Tribunal para Servidores Públicos al Servicio de los Municipios de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, con la finalidad de conocer las versiones de las dos partes.
El Alcalde de El Oro expresó que dicha instancia no era competente en el problema; sin embargo, después de un análisis, el tribunal llegó a la conclusión de que sí le correspondía tratar el asunto, por lo cual les fueron enviados a la Contralora y munícipe sendos comunicados donde se les avisó que se dará seguimiento al caso.
Carrete Sáenz se ha mostrado renuente ante las exigencias de la mayoría de los miembros de Cabildo de ratificar a la Contralora en su cargo conforme a las facultades que les otorga la Ley del Municipio Libre; por eso la Contralora ha tenido que llegar ahasta dichas instancias, manifestaron los regidores Miguel Carrete Barraza, Andrés Avitia Payán y Gloria Reyes Alderete.
Dichos regidores, que acompañaron a Salgado Alvarado a la capital del estado a que rindiera su declaración, informaron que el Alcalde dijo en la audiencia que en ningún momento había despedido a la funcionaria municipal, pues sólo procedió a ?separarla de su empleo?.
Añadieron que lo cierto es que la Contralora del Ayuntamiento de El Oro fue suspendida de sus actividades por el Alcalde a raíz de las denuncias ante las presuntas irregularidades que se venían presentando durante su administración, por lo cual el Municipio tiene casi 20 días sin nadie que se encargue de dicho departamento.
Para concluir, los regidores que asistieron a la diligencia laboral manifestaron que la manera de actuar del munícipe de El Oro, y su negativa a cumplir las disposiciones legales de orden público que rigen las actividades de los ayuntamientos, además de constituir un grave obstáculo para lograr la armonía y progreso del municipio, representaba un desafío a las instituciones públicas de la entidad, particularmente para el Congreso local y el Poder Ejecutivo del Estado.
Piden justicia
Los regidores involucrados en el caso temen ser destituidos también de forma arbitraria, y que a pesar de ser decisiones que van contra las leyes tengan que batallar como Otilia Salgado Alvarado.
Manifiestan que es mucho el tiempo que ha tenido el Presidente Municipal para hacer y deshacer a su antojo sin que exista la intervención por parte de las autoridades del Estado; por el contrario, es a ellos a quienes se les pide guardar la cordura.
Ante esta situación, responden que la prudencia no se ha perdido, pues lo único que piden es que se apliquen las leyes de manera correcta y justa en el municipio.
