Los cuestionamientos al Distribuidor Vial Revolución, obra máxima del Gobierno de Enrique Martínez para Torreón, mantienen abierta una herida en el cuerpo social que es necesario restañar.
El accidente ocurrido el domingo pasado, en el que un camión cargado de lácteos se precipitó desde la altura del Distribuidor ocasionando la muerte del conductor, es el tercero de una serie de siniestros que debido a las circunstancias coincidentes en todos los casos, tienen como causa la pérdida de la estabilidad de vehículos de tráfico pesado, en condiciones que acusan una falla en el diseño de la vialidad.
Aunado a lo anterior, el desplome de la estructura apreciable a simple vista, ha exigido la instalación de puntales como parte de una serie de medidas de remediación que hasta el momento no han dado resultados.
Por tratarse de una obra pública cuya inauguración fue celebrada con bombo, platillo y hasta fuegos artificiales, es lógico que los torreonenses interpelen a sus autoridades exigiendo una investigación que incluya un dictamen técnico sobre el estado de la obra, la determinación de las causas, la rectificación de los errores y desde luego, el fincamiento de responsabilidades civiles y penales a funcionarios y contratistas, por dolo, culpa o negligencia.
A esta interpelación se sumó El Siglo de Torreón, cuyas ediciones de los días 26 de julio y 16 de agosto de 2004 y 24 de febrero de 2005, incluyen reportajes solidamente documentados sobre el problema, que no requieren mayor comentario.
La respuesta sistemática del Gobierno de Martínez y Martínez a esta interpelación ha sido nula.
La crónica de los hechos, revela que al presentarse las primeras dudas se pidió un estudio técnico sobre el estado del Distribuidor Vial, que fuera realizado por una institución imparcial y de acreditada solvencia.
La intervención oficial de peritos de la Universidad Nacional Autónoma de México a un costo anunciado de un millón de pesos, arrojó un resultado inadmisible. Su metodología indica que sólo el proyecto ejecutivo de la obra fue analizado, lo que quiere decir que sólo se estudió el expediente de papel para determinar su viabilidad teórica y no se hicieron investigaciones ni de campo ni de laboratorio en la obra material, lo que constituye una burla a la comunidad.
Frente a este último accidente, en vez de iniciar con un sentido pésame para los familiares de la víctima, el gobernador Enrique Martínez ha respondido que su Gobierno no está obligado a realizar obras infalibles o que garanticen que no habrá accidentes.
La respuesta es increíble y revela el grado de respeto que al gobernador merecemos los ciudadanos de esta región de Coahuila.
Es cierto que el gobernador no está obligado a garantizar los extremos a que en su declaración se refiere, pero en cambio, sí está obligado a ordenar una revisión técnica y a transparentar la actuación de una dependencia a su cargo (Obras Públicas), que muchos ciudadanos, los siniestros, la realidad y hasta las leyes de la física cuestionan.
La actitud del Gobierno de Enrique Martínez en este caso, corresponde a su estilo que concede una mayor importancia al parecer (o aparentar) que al ser. Se apoya en una obsesión que festina y publicita hasta el cansancio la obra de Gobierno como de primer nivel y de vanguardia, que profesa un culto pagano a los certificados y reconocimientos de calidad pero en cambio, la opinión del gobernado no cuenta, porque nació para callar y obedecer.
La expresión de algunas voces que se alzan a fin de evitar que la cuestión que nos ocupa “no se politice” de cara al proceso electoral que vive en Coahuila es absurda. Si la política no va a servir para llamar a cuentas a los funcionarios públicos en tiempos electorales o en cualquiera otro tiempo, simple y sencillamente, tal política no sirve para nada.
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