“El hombre ha fundado un reino de
valores. Vale todo lo que satisface sus
deseos. No vale lo que los contraría”.
Enrique Anderson Imbert
La huelga en Sicartsa, que empezó el primero de agosto y que amenaza con quebrar a esta planta siderúrgica, una de las más importantes del país, nos revela mucho de lo que hay de perverso en la forma en que operan los sindicatos en nuestro país. El problema no es de sueldos sino de control. Sicartsa, propiedad del grupo Villacero, ha otorgado aumentos salariales bastante generosos a sus trabajadores en los últimos tiempos. Según la empresa, en los últimos cuatro años ha elevado en un 43 por ciento nominal los salarios de sus trabajadores en tanto que el alza salarial promedio de la industria del acero ha sido de 23 por ciento.
La disputa fundamental tiene que ver con el contrato de una instalación en Apodaca, Nuevo León, que cuenta actualmente con sólo 15 empleados. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, cuyo secretario general es Napoleón Gómez Urrutia -quien heredó ese cargo de su padre Napoleón Gómez Sada (sí, en México, los puestos de dirección de los sindicatos se heredan como si fueran señoríos feudales)-, sostiene que en ese centro se realizan trabajos de laminado y perfilado y por lo tanto el sindicato tiene derecho a su contrato laboral.
La empresa afirma que se trata únicamente de un centro de distribución, por lo que el sindicato no tiene porqué tener el contrato laboral. Las autoridades que han examinado las instalaciones coinciden en la posición de la empresa de que la instalación de Apodaca no es de carácter industrial.
La Junta de Conciliación y Arbitraje declaró la huelga inexistente, pero el sindicato no se ha preocupado por esa declaración y ha continuado el paro. Lo que inquieta no es la decisión de la Junta, que puede parecer sensata, sino la razón que adujo para ella. Los miembros de la Junta determinaron que la huelga había empezado media hora antes de lo debido y por eso no era legal.
Con un argumento tal para declarar la inexistencia del movimiento, no puede uno sino entender las denuncias del sindicato en el sentido que la empresa corrompió a los miembros de la Junta.
Del otro lado de la moneda, el sindicato de Gómez Urrutia parece empeñado en destruir a la empresa que genera más de diez mil empleos directos e indirectos y que representa la columna vertebral de la economía de Lázaro Cárdenas. Parece poco lógico que el sindicato ponga en peligro una fuente tan importante de empleos por lo que parece un simple capricho.
Pero al líder del sindicato, por supuesto, le importan menos los empleos de los trabajadores que mantener el control sobre nuevas instalaciones que pueda abrir Villacero en otros lugares del país. Sorprende también que el grupo Villacero esté dispuesto a poner en riesgo la supervivencia de Sicartsa por mantener al sindicato fuera de la instalación de Apodaca.
Esto revela que los dueños consideran que el sindicato es tan pernicioso para las perspectivas de largo plazo de la empresa que para mantenerlo fuera de nuevas actividades vale la pena sacrificar la que hasta ahora ha sido la joya de la corona del grupo. Tanto el dirigente del sindicato como los dueños de Villacero pueden darse el lujo de actuar como lo han hecho, porque son ricos, pero la situación es distinta para los trabajadores y para la ciudad de Lázaro Cárdenas. La quiebra de Sicartsa sería para ambos un golpe brutal.
La huelga de Sicartsa subraya el costo que México está pagando por su legislación laboral obsoleta. En un sistema laboral moderno la Junta de Conciliación y Arbitraje no habría declarado inexistente una huelga por supuestamente haber estallado media hora antes de lo debido. Si hubiera democracia sindical, por otra parte, los miles de trabajadores de la siderúrgica no pondrían en peligro su fuente de empleo sólo para que el sindicato consiguiera el contrato de un centro de distribución con 15 empleados a miles de kilómetros.
Y si verdaderamente tuviéramos un sistema sindical moderno, la empresa no estaría dispuesta a llegar tan lejos para impedir que un sindicato tomara el contrato de un centro de distribución. El problema de fondo radica en nuestra legislación laboral. La Ley que tenemos ha empobrecido a los trabajadores, al impedir la competitividad de las empresas, mientras que ha enriquecido a los líderes sindicales.
Desafortunadamente nuestros legisladores, que sirven a los intereses personales de los líderes sindicales y no de los trabajadores, no han querido cambiar esa Ley.
DEBILIDAD
El peso mexicano, que se había mantenido fuerte gracias a las ventas de petróleo y las remesas, empieza a debilitarse. Ayer cerró a 10.93 unidades por dólar en el mercado al menudeo. Hace apenas unos días estaba a 10.60. La falta de crecimiento y la incertidumbre empiezan a cobrar su cuota.
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