Por muy buenas y por muy malas razones el Gobierno de Vicente Fox pasará a la historia. Entre ellas, destacará la siguiente: a los nutridos disparos del crimen respondía con ráfagas de disparates. Es duro el señalamiento, pero más dura es la realidad. El paralelismo entre el cierre del Gobierno anterior y el actual, en materia de seguridad pública y nacional, es revelador. La lectura comparada de las declaraciones hechas al respecto por Ernesto Zedillo el tres de diciembre de 1997 y por Vicente Fox el primero de julio de 2004, deja hecha añicos la esperanza del cambio en ese renglón. El nuevo régimen es más viejo que el anterior.
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En materia de inseguridad pública, el Gobierno foxista termina su administración igual que el Gobierno zedillista: atenazado por la amenaza del crimen y la corrupción de la Policía y marcado por la improvisación de su respuesta. Igual que antes, pero peor. Aquellos pronunciamientos presidenciales tuvieron un mismo origen: sendas manifestaciones ciudadanas contra la delincuencia y la violencia. La primera congregó a unos cuantos miles de ciudadanos, el 29 de noviembre de 1997. La segunda logró, el 27 de junio de 2004, que cientos de miles de ciudadanos salieran a reivindicar calles, plazas, caminos y alamedas como espacios de convivencia civilizada y no como territorio del crimen. Ambos mandatarios tuvieron que encarar el reclamo y curiosamente, sus respectivas respuestas -inmediatas y mediatas- fueron en extremo semejantes.
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Zedillo y Fox ofrecieron reformar la Constitución y las leyes para modernizar y rigidizar el castigo a los delincuentes. Improvisaron políticas de seguridad pública, al calor de las fechorías del crimen. Lanzaron operativos policíacos tan aparatosos como inútiles: Cruzada Nacional contra el Crimen y la Violencia, Zedillo; México Seguro, Fox.
Atacaron la percepción pero no la sustancia del problema. Ofrecieron ampliar la correspondiente partida presupuestal. Subrayaron la necesidad de coordinar a las tres instancias de Gobierno y sistematizar la información necesaria para dar un solo frente al crimen. Dijeron que la lucha tomaría años pero que, de inmediato, se vería el nuevo esfuerzo. Ninguno pudo con el problema. Vaya un detalle si se quiere chusco del paralelismo de esa misma historia. La declaración de Ernesto Zedillo propone ocho acciones inmediatas; el mensaje de Vicente Fox, diez. ¡Hasta en eso se parecen el viejo y el nuevo régimen! La lectura comparada de aquellos dos mensajes es elocuente: el pasado queda como un presente que condena al futuro. La doble victimización de la ciudadanía se reitera. A la victimización de la ciudadanía por el crimen, sigue la de la autoridad. A la agresión de la delincuencia, sigue el agravio de la demagogia.
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Si a la lectura de aquellos mensajes se agrega la revisión del comunicado de la Presidencia de la República del sábado pasado, el horizonte promete páramo por destino. A las 22:20 horas del sábado, de noche como si el anuncio fuera menor, un boletín cifra en trece líneas el programa México Seguro que se enmarca, desde luego, en “una estrategia integral contra el crimen organizado” hasta hoy desconocida.
Después, por si el boletín no fuera suficientemente claro, al amanecer del lunes, el portavoz presidencial, Rubén Aguilar, dicta su magna conferencia de prensa y abunda sobre el asunto. Las trompetas de Los Pinos reclaman atención. Rubén Aguilar informa dónde se despliega el operativo, qué instituciones y dependencias participan, cómo se instalarán puntos fijos y móviles de revisión policíaca, qué delitos se van a combatir pero, de nuevo, ni por error se dice en qué consiste el operativo, cuál es su duración y qué paso sigue al primero.
El asunto ahí no queda. Al boletín y a la magna conferencia siguen, fiel a la costumbre, las contradicciones entre el presidente de la República y su portavoz. El mandatario dice que se trata de una simple pero enorme “burbuja” de violencia del narco entre narcos y el portavoz dice que se trata de una lucha que apenas empieza y durará años. Sobra decir que ambos funcionarios son del mismo Gobierno, aunque ya no está claro quién contradice a quién o por cuenta de quién corre el desmentido. De nuevo la ciudadanía queda fuera del horizonte de la preocupación oficial.
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Aunque repetida y parecida la historia no es igual: es peor. Tiene algunas diferencias. Sin conceder que al Gobierno de Zedillo el problema lo tomó por sorpresa, el Gobierno de Fox estaba más que avisado del hartazgo ciudadano frente a la inseguridad que, aun hoy, nutre su malestar. Tan lo estaba que el mismo Vicente Fox explotó ese malestar. Desde 1997 hasta principios de este año, en cuando menos ¡diecisiete ocasiones!, prometió que daría la madre de todas las batallas contra la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad. El recuento de esa constante referencia aparece en el Sobreaviso del 12 de febrero del 2005, bajo el título de La ‘tatarabisnieta’ de todas las batallas. No cabe el asombro ahora.
Otra diferencia. La cruzada contra la delincuencia del Gobierno de Ernesto Zedillo respondió, bien o mal, al reclamo ciudadano manifestado en la marcha del 29 de noviembre de 1997. México Seguro no responde a la megamarcha del año pasado ni al hartazgo ciudadano acumulado; no, atiende al malestar de Estados Unidos por la inseguridad prevaleciente, sobre todo, en la frontera norte. Es una atención al vecino, un agravio al ciudadano nacional. Una más. No se puede decir que la violencia prevaleciente en varias ciudades del país es producto del “éxito” en el combate al narcotráfico. No se puede decir que esa violencia sólo se practica y ejerce entre criminales, sin tocar al resto de la estructura social.
No se puede decir que el problema de la inseguridad pública es un asunto transexenal si, a fin de cuentas, se rompió la política emprendida un sexenio atrás. No se puede decir que es un mero problema de percepción. Desde aquella incipiente marcha ciudadana contra la delincuencia realizada a fines de 1997 han transcurrido casi ocho años. De esos ocho años casi cinco corresponden del actual sexenio, es inaceptable entonces que no haya resultados satisfactorios. La historia se repite, pero es peor.
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Podrá argumentarse que estas diferencias y semejanzas de una historia que se repite, no tocan el problema de fondo. Es cierto, pero el saldo no mejora cuando se entra a la sustancia. Durante el sexenio zedillista se creó, el 13 de diciembre de 1998, la Policía Federal Preventiva. Desde su arranque se distorsionó el propósito de integrar una verdadera Policía nacional que agrupara a la enorme cantidad de cuerpos policíacos federales que aún hoy prevalecen en buena medida.
Parte de la distorsión del proyecto original fue producto del uso preelectoral que Francisco Labastida hizo del asunto. Con todo, se sentaron ciertas bases de lo que podría ser una estrategia de combate al crimen. Vino el sexenio foxista y, en vez de revisar, ajustar y continuar el proyecto original, se dio un giro. Se cometió el error de crear la Secretaría de Seguridad Pública que desarticuló la estrategia original: la inteligencia quedó en Gobernación, la fuerza técnica en la nueva secretaría, la persecución del delito en la Procuraduría donde, además, se creó la nueva Agencia Federal de Investigación. Todo aderezado con una Coordinación de Orden y Respeto que nunca pudo operar. Nadie la atendía, aun cuando estaba bajo el amparo presidencial y obviamente, no tardó en desaparecer.
Por si eso no bastara, el nuevo secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz, la emprendió contra Wilfrido Robledo, Jorge Tello Peón y Genaro García Luna, el equipo que sentó las bases de la Policía Federal Preventiva y los trabajos de inteligencia que se venían desarrollando. El espíritu de revancha se antepuso a la necesidad de continuar el esfuerzo y atender el clamor ciudadano. Si estructuralmente se hizo un mal diseño institucional y se desarticuló la estrategia, coyunturalmente se vulneró la coordinación: los secretarios Santiago Creel y Alejandro Gertz no se entendían entre sí y tampoco con el entonces procurador Rafael Macedo de la Concha. Mal la estructura, ausente la coordinación entre los funcionarios, la promesa de dar la madre de todas las batallas contra la delincuencia no podía ser otra cosa sino el anuncio de una guerra perdida.
Lo peor es que, cuando se pudo corregir el error, se insistió en él. La marcha ciudadana del año pasado puso en bandeja de plata una oportunidad de oro al Gobierno para enmendar. Pero no, se insistió en el error. El reclamo ciudadano e incluso la “jubilación” de Alejandro Gertz posibilitaba desaparecer la nueva Secretaría de Seguridad Pública, hacer el rediseño institucional y replantear la estrategia para garantizar la seguridad pública y la seguridad nacional.
Pero no, no hubo humildad ni voluntad para corregir el error como, por lo visto, no la hay ahora que, en medio de la crisis, se podría intentar otra vez dar un paso y otro y uno más frente a la amenaza del crimen.
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Por eso México no se ve tan seguro, a pesar del flamante operativo. Por eso, se puede decir que a los disparos del crimen se responde con disparates. Por eso, se puede decir que aunque la historia se repite, ésta es peor. Por eso, se puede decir que el nuevo régimen es más viejo que el anterior.
