Si el Poder Ejecutivo hizo escarnio de los paisanos anotándose como mérito suyo las remesas económicas que envían al país, ahora el Poder Legislativo -al menos en lo que a los diputados toca- hace escarnio de los paisanos en relación a las remesas políticas que podrían enviar. La reforma aprobada por los diputados para reivindicar el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero, no es eso: es una burla. Explota cínicamente un anhelo de los expulsados del país y en vez de garantizar, arriesga aquel derecho. Hace escarnio de él y por si eso no bastara, hace tremendamente vulnerable el proceso electoral de 2006. Si los senadores actúan con el cinismo de los diputados y no frenan y corrigen el mazacote legislativo de los diputados -excepción de cinco que votaron en contra y 22 que se abstuvieron-, pasarán a ser cómplices de un juego perverso que, luego, a la hora de publicar o no el decreto correspondiente, colocará en un predicamento al presidente Vicente Fox.
Si éste lo publica en los términos de la reforma aprobada por los diputados, entonces, se sumará al despropósito electoral. El afán de colgarse la medalla reivindicadora del legítimo derecho a votar en el extranjero igualó en su irresponsabilidad a los diputados de todos los partidos políticos. Si de los mexicanos residentes en el país, los diputados han hecho escarnio de sus derechos y aspiraciones; ahora, se proponen hacer lo mismo con los mexicanos residentes en el extranjero.
Nadie podrá decir entonces que hay desigualdad entre los mexicanos, dentro y fuera del país se hace escarnio de la ciudadanía.
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Esta vez los diputados ni siquiera legislaron sobre las rodillas. Legislaron sobre las costillas de los millones de mexicanos con derecho a votar en donde quiera que se encuentren y a costillas del Instituto Federal Electoral. Los diputados legislaron mal, a destiempo y con inconmensurable irresponsabilidad. Los partidos que hace apenas un par de semanas cuestionaban la conducta de cinco consejeros del Instituto Federal Electoral, son los mismos que ahora le manifiestan tal confianza y le dan facultades extraterritoriales para que organice, sin tiempo, recursos ni permiso de los países donde hay mexicanos, una legislación imposible de aplicar. De un buen propósito democrático y de un derecho incuestionable, los diputados plantean hacer un sonoro fracaso que, si no se frena y corrige, afectará por igual a los ciudadanos residentes dentro o fuera del país. De ese tamaño es el error que, a sabiendas, cometieron los insignes representantes populares.
Plagada de errores, contradicciones, lagunas e imposibles, los diputados aprobaron la reforma que en principio haría realidad el derecho de los mexicanos en el extranjero a votar por el presidente de la República.
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El más impresionante de esos errores deriva de la contradicción que implica decir que se quiere garantizar el derecho constitucional de los mexicanos en el extranjero a votar, pues dicen los diputados que esa es la intención de su reforma, sin embargo, dejan a criterio del Instituto Federal Electoral seleccionar las ciudades en el extranjero donde se implementarían las acciones necesarias para garantizar ese derecho. Si se trata de garantizar un derecho que por principio debe tener una aplicación general, no se puede -por más que se quiera- poner límite a su aplicación.
Es una contradicción colosal: vulneran los diputados el principio constitucional que supuestamente quieren garantizar y sientan el precedente de una discriminación. Si esa contradicción resulta fatal en el noble propósito de hacer realidad el derecho al voto en el extranjero, los diputados cometieron otro error no menor. Instruyen al Instituto Federal Electoral a emprender las negociaciones necesarias con los gobiernos extranjeros para llevar a cabo las tareas que el ejercicio electoral requiera.
Y esas tareas son titánicas, además de que invaden sin duda la esfera legal de los otros países. Su soberanía, pues. Si los diputados hubieran emitido un memorando-circular al planeta Tierra, ordenando a los gobiernos de aquellos países donde haya ciudadanos mexicanos atender los requerimientos del IFE, al menos se hubiera dejado constancia de su honestidad.
Y es que la reforma hecha por los diputados establece que ahí donde haya más de 15 mil mexicanos con derecho a votar en el extranjero, se deberá establecer un centro de votación. Así de simple.
Con datos del Colegio de la Frontera Norte, se puede ilustrar la parafernalia de los dignísimos representantes mexicanos. En la californiana ciudad de Los Ángeles se calcula que la población de mexicanos con más de 18 años de edad es de un millón 676 mil 623 personas.
Luego, habría que instalar un total de 112 centros de votación. Cosa de que el IFE emprenda rapidito las negociaciones con el Gobierno Federal de Estados Unidos, con el Gobierno estatal de California y con el Gobierno local de Los Ángeles para instalar ese número de centros de votación.
Si llegado el caso en algunos centros de votación se diera alguna irregularidad, por ejemplo, que alguien robara una urna, el problema sería impresionante. De acuerdo con la legislación electoral, el IFE tendría que pedir el apoyo de la fuerza pública para imponer el orden y entonces, brota una pregunta que al parecer los diputados no se hicieron: ¿El IFE pediría a la policía de Los Ángeles perseguir mapaches, o bien, tendría que dar aviso a la Policía Federal Preventiva para que enviara un destacamento a ese centro de votación y evitara la irregularidad?
En otras palabras, a la violación del principio constitucional que los diputados quisieron garantizar así como si nada, le agregaron un carácter de extraterritorialidad a la legislación electoral mexicana. Aquí cabe dar otro ejemplo. Si realizada la elección presidencial viniera un recurso impugnando su legalidad, quién lo atendería, ¿la Corte del país extranjero donde se hubiera registrado o el Trife pediría permiso para atender ese asuntito? Si todo es tan sencillo, pues, ojalá los diputados manden su memorando-circular a las Naciones Unidas para que el mundo sepa que el Cofipe vale aquí y más allá de las fronteras.
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Podrá decirse que lo anterior es sólo un ejemplo y un muy mal ejemplo. Sin embargo, cuando se mira con atención la reforma hecha por los diputados, el tamaño del problema es impresionante. Ahí va otro aspecto. En los artículos transitorios de la reforma, los diputados dieron rienda suelta a su locura. Señalan que, para la elección presidencial, se integrará un Catálogo General de Electores en el Extranjero a partir de aquellos ciudadanos que ya cuenten con su credencial de elector y manifiesten su intención de votar. Pero eso no es todo, en el quinto transitorio señalan que se realizará una campaña de fotocredencialización en el extranjero para integrar a aquel padrón a la mayor cantidad posible de mexicanos sin registro ni credencial.
El punto curioso de ese asunto es que, de acuerdo con un artículo del consejero Rodrigo Morales publicado en diciembre en la revista Voz y Voto que dirige Jorge Alcocer, el universo de votantes mexicanos en el extranjero a 2006 se podría calcular en 14 millones de ciudadanos: de ellos, cuatro contarían con credencial y a diez millones habría que credencializarlos.
Esa tarea de listar en un caso y de empadronar y credencializar en otro es para los diputados una tarea sencilla que se podría realizar en los consulados y las embajadas mexicanas de esos países. Así de fácil. Lo cierto es que con la irresponsabilidad con que los diputados ven el asunto del voto en el extranjero lo que se va a provocar es, por un lado, vulnerar el padrón electoral vigente que tiene un carácter territorial con soporte cartográfico y por el otro, perderá su solidez domiciliaria y geográfica.
Podrá decirse que es cosa de que el IFE levante la cartografía de todas aquellas ciudades del mundo donde hay más de 15 mil mexicanos mayores de 18 años deseosos de votar y así, el asunto queda resuelto. Hasta Honolulu o Anchorage irán los muchachos exploradores del IFE.
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Desde luego, si no preocupa que el padrón pierda su solidez, hay otro pequeño detalle que no puede perderse de vista: el financiamiento de esa operación. Rodrigo Morales, el consejero mencionado, calcula que el financiamiento de esa operación sería de alrededor de tres mil 774.2 millones de pesos con la estimación de 14 millones de ciudadanos que podrían votar en el extranjero.
A su vez, el especialista Jorge Alcocer -a quien se agradece la ayuda informativa prestada- la pondera entres 5.5 y seis mil millones de pesos. Fuesen tres mil 774.2 millones de pesos o seis mil millones de pesos, a los señores diputados se les pasó un detalle en su reforma: hacer la correspondiente previsión presupuestaria.
Al voto en el extranjero destinaron una partida de 200 millones de pesos. Con eso lo arreglan ellos. Eso sin mencionar, desde luego, que el mismísimo presupuesto está en litigio y que además, habría que ver en qué términos se llevaría a cabo la contratación del personal que exigiría levantar un padrón del tipo que se pretenda.
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Sólo el afán de no cargar con la factura de haber desatendido el reclamo de los mexicanos residentes en el extranjero explica el que, con tal grado de irresponsabilidad, los diputados hayan aprobado el mazacote legislativo que hicieron.
Sólo el afán de quedarse con la remesa política de los paisanos permite suponer que hayan hecho lo que hicieron. Si los senadores no corrigen a los diputados y la reforma se aprueba en sus términos, es claro que se va a lastimar la certeza del padrón electoral, se va a vulnerar la credibilidad del Instituto Federal Electoral y se va a poner en un serio problema la elección de 2006.
Lo que ya se puede decirse desde ahora es que los diputados no garantizaron el legítimo derecho a votar de los mexicanos en el extranjero, sencillamente explotaron su anhelo. Hicieron escarnio de los ciudadanos mexicanos de aquí y de allá. Por cierto, un detallito. Tales fueron las prisas de los diputados que la minuta enviada al Senado ni siquiera lleva firmas.
