En el horizonte se perfila la eventual extradición a Estados Unidos de narcotraficantes y criminales con cuentas pendientes graves en aquel lado de la frontera. El asunto es en extremo delicado e importante. De su tratamiento y conducción puede derivarse una gran oportunidad para México o un enorme problema. El interés de Estados Unidos -no sólo del Gobierno sino también del Congreso, así como de varios gobernadores- porque se atiendan favorablemente las solicitudes de extradición de narcotraficantes y criminales (particularmente de quienes han asesinado a agentes policiales) es un sueño carísimo de aquel país.
Un sueño que se ha visto frustrado en razón de nuestra legislación que no autoriza la aplicación de penas no previstas en nuestros códigos y leyes, tales como la pena de muerte y la cadena perpetua.
La resolución de la Suprema Corte que establece que la cadena perpetua no es incompatible con la Constitución remueve uno de los obstáculos por los cuales no se obsequiaban la solicitudes de extradición y abre, así, la posibilidad de enviar narcos y criminales a Estados Unidos.
Esa posibilidad puede atemperar la amenaza que el narcotráfico ha planteado, durante los últimos años, al Estado mexicano y, a la vez, puede atemperar la presión que, justamente, en relación con ese asunto, ejerce el vecino del norte. Sin embargo, si esa posibilidad se concreta sin concertar un plan que prevenga la reacción violenta de “los extraditables”, el sueño de Estados Unidos podría convertirse en una pesadilla para México.
*** De rebote, la Suprema Corte abrió esa posibilidad con la resolución adoptada el martes pasado y, sin querer, colocó en el centro del debate la posibilidad de enviar a Estados Unidos a ese tipo de delincuentes. Ahora, los ministros están frente a una opción: de motu proprio plantean clara y expresamente el asunto de los extraditables, o bien, esperan a que las circunstancias los coloquen ante la necesidad de tomar una clara definición frente al asunto.
Y, de hecho, se sabe que cuando menos cuatro casos de extradición están en espera de resolución. Lo conveniente sería que los ministros, en diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, fijaran en el calendario cuándo y cómo abordar ese asunto. Y es que la decisión, así como puede acarrearle beneficios al Estado mexicano, también puede acarrearle el perjuicio de insertarse en una espiral violenta, porque es claro que si a algo temen los narcotraficantes es justamente a verse en vuelo a Estados Unidos.
Si los poderes de la Unión, Judicial, Legislativo y Ejecutivo, no coordinan la acción y dejan a las circunstancias el dictado de las formas y los tiempos, la narcoviolencia vista durante los últimos meses podría resultar un juego de niños frente a la reacción que podría suponer incorporar a nuestro lenguaje el tema de “los extraditables”.
*** La importancia que tanto el Gobierno Federal estadounidense como algunos gobernadores y legisladores de ese país conceden a ese asunto es insoslayable. Esa importancia se puede cifrar en los siguientes asuntos. De un lado, en la Cámara de Representantes hay dos iniciativas que tienen por denominador común restringir la ayuda de Estados Unidos a aquellos países que rehúsen extraditar a presuntos delincuentes cuando se les pretenda aplicar la cadena perpetua, o bien, cuando rehúsen extraditar a quien esté acusado de asesinar a un oficial de Policía estadounidense.
En el Senado de ese país también hay una iniciativa semejante, ésta propone restringir la asistencia a aquellos países que se nieguen a extraditar a quien haya cometido una ofensa en contra de Estados Unidos que amerite la cadena perpetua. Esas iniciativas están en el Congreso de Estados Unidos y, en los hechos, hay un ejemplo muy concreto que acredita el interés de ese país por tener a narcotraficantes y delincuentes mexicanos con cuentas pendientes más allá del Bravo. Si se recuerda el polémico discurso que hace unas semanas (16 de agosto) pronunció en Denver, Colorado, el embajador Tony Garza, ese texto prácticamente arrancaba, dirigiéndose al alcalde de esa ciudad. “Señor alcalde, nuestras oficinas han estado trabajando juntas para lograr la extradición del individuo que asesinó al oficial Donnie Young e hirió al oficial Jack Bishop en junio para después huir a México. Sé lo importante que es este asunto para ustedes, para la señora Young y para la comunidad de Denver, y quería asegurarles que continuaremos trabajando con ustedes para llevar a Raúl García Gómez ante la justicia”. Así abría aquel discurso del embajador Garza.
*** La historia de ese caso es simple y, a la vez, compleja. García Gómez, un indocumentado mexicano, asesinó a un oficial e hirió a otro y, luego, cruzó en fuga la frontera. Regresó a México. Vino la solicitud de detenerlo por parte de Estados Unidos y, efectivamente, García Gómez está preso pero hay un problema: la pena de la que podría ser acreedor es la pena muerte y, ahí, se complica lo cosa.
Por menos que eso no lo quiere extraditar Estados Unidos y la legislación mexicana impide obsequiar la extradición por cuanto que aquella pena no está contemplada por nuestros códigos y leyes. Ésa es la historia simple, la compleja es la siguiente. El efecto que tuvo toparse con la imposibilidad de la extradición en los términos establecidos por Estados Unidos, presumiblemente provocó la cancelación de una reunión del presidente Vicente Fox con un grupo de gobernadores de Estados Unidos que, justamente, tendría por sede a Denver.
Este asunto no fue ventilado públicamente y se buscó bajar el perfil para evitar un desencuentro diplomático. Pero un incidente de esa naturaleza alcanzó esa proporción. Tanto aquellas iniciativas -que, sin duda, en octubre (cuando se discuta el presupuesto de Estados Unidos) cobrarán vida en el Congreso- como el caso de Raúl García Gómez ilustran la importancia que para gobernadores, legisladores y el Gobierno federal de Estados Unidos tiene el asunto de las extradiciones que podrían suponer una cadena perpetua o una pena de muerte.
*** Más allá del interés estadounidense, es claro que durante los últimos meses -por no decir años- el desafío planteando por los narcotraficantes al Estado de México es en extremo peligroso. Aun cuando la Presidencia de la República ha querido ver el problema de la narcoviolencia como un asunto “entre narcos” que en nada afecta al Estado, lo cierto es que la violencia generada por el narco está teniendo varios efectos.
Pega manifiestamente en el campo de la seguridad pública, pega en la vida económica y social de las plazas que se toman como campos de batalla y, además, ha provocado una fuerte tensión en la relación con Estados Unidos. Y, quizá, lo peor de ese problema son dos cuestiones.
En su pleito, los narcotraficantes han corrompido brutalmente al sistema policiaco mexicano e incluso al sistema carcelario de alta seguridad. El número de agentes policiales municipales, estatales y federales, preventivos y judiciales, que trabajan para el narcotráfico no es pequeño y, por si eso no bastara, más de una cárcel se ha convertido en el lugar más seguro para que los narcotraficantes continúen con su negocio. Ante ese cuadro pensar en la posibilidad de extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes podría dejar beneficios al país.
Bajarían las presiones provenientes del norte, mandaría una clara señal a los narcotraficantes de cuál podría ser su destino, reduciría la presión que hay en los penales de alta seguridad y, desde luego, permitiría rescatar plazas y ciudades cuando menos del crimen organizado. Ése podría ser el beneficio.
*** El perjuicio de darle juego a la idea de “los extraditables” es que, si esa decisión legislativa y judicial no se acompaña de un plan de seguridad serio y una verdadera reforma del sistema nacional policial por parte del Poder Ejecutivo, la reacción violenta por parte de “los extraditables” podría colapsar el proceso electoral 2006. Basta tener presente la experiencia colombiana. Ese país pagó su cuota de sangre a la hora en que resolvió extraditar a los narcotraficantes y supo también aprovechar la oportunidad para, además de la decisión judicial, crear la estructura policial necesaria para contrarrestar el efecto violento de aquella decisión.
Aun cuando se habla de “la colombianización” como algo indeseable, Colombia supone hacer del problema una oportunidad. Sin querer o adrede, los ministros de la Suprema Corte abrieron ya la posibilidad de extraditar delincuentes peligrosos susceptibles de recibir la cadena perpetua pero, hecho eso, ahora tienen que coordinar el siguiente paso con los otros dos poderes: el Legislativo y el Ejecutivo. Si no hay una acción concertada y coordinada para entrarle en serio a la posibilidad de hablar de “los extraditables”, el peligro en el que se estaría colocando al Estado mexicano sería mayor.
Nomás de imaginar que las circunstancias y no la planeación sean las que abran la puerta de la extradición de los capos del narco a Estados Unidos, el beneficio podría convertirse en un perjuicio. En cualquier momento, ése sería un peligro. En temporada electoral, sería una franca irresponsabilidad.
*** Por la razón que se quiera el tema de los extraditables está en la mesa del debate. De la prudencia y la sensatez de los ministros de la Suprema Corte, del presidente de la República y del Gabinete de seguridad nacional, así como de los integrantes del Poder Legislativo depende el sentido que se quiera dar a la posibilidad de mandar a Estados Unidos a los narcos extraditables.
Está el país frente a un problema que puede ser una oportunidad. Si los políticos, incluidos los precandidatos y los dirigentes partidistas, no miran con atención lo que se perfila en el horizonte y se empeñan en lograr un acuerdo con acciones precisas y concretas para encarar a “los extraditables”, estarían dejando pasar una oportunidad para recuperar al Estado de Derecho y dejarían la puerta a una reacción violenta que los podría arrasar. ¿Entenderán los ministros, los legisladores, el presidente, los precandidatos y los dirigentes partidistas el tamaño y la dimensión del asunto que está sobre la mesa?
