Por empedrado, el país camina rumbo a la contienda electoral del año entrante. Los candidatos y los partidos se comportan como si su único compromiso con la ciudadanía fuera, el día de la jornada, llevarlos a las urnas y hacerlos votar por su propuesta. En su lógica, el camino que lleva a esa fecha es lo de menos. Y, no está de más reiterarlo, es un camino empedrado. Son varias y variadas esas piedras y es difícil pensar en la jornada electoral si no se advierte el camino que hay que andar para llegar a ella.
*** El diez de diciembre será una fecha importante en el calendario electoral. Ese día deberán registrarse las coaliciones que se pudieran dar entre los partidos políticos de cara a la elección federal de julio. Podría pensarse que no es más que un trámite más de los muchos a satisfacer en el camino a la jornada electoral. Esta vez, sin embargo, ese trámite es mucho más que eso. Tan trompicada ha estado y está la designación de candidatos presidenciales por parte de los partidos grandes que, aún hoy, ninguno de ellos da garantías a los partidos chicos que viven de prestado, a los partidos que han hecho de las alianzas la garantía de su sobrevivencia. La decisión de irse en alianza o con su propio candidato comienza a presionar a partidos como el de Convergencia, Del Trabajo y, desde luego, al Verde Ecologista. Antes que arrancaran los procesos de selección de los candidatos de las grandes formaciones políticas, todo parecía predestinado. El Verde se iría con el PRI, el Del Trabajo con el perredismo y Convergencia parecía destinado a coaligarse con Acción Nacional. Sin embargo, en cuanto arrancaron aquellos procesos, el cuadro se les complicó a los partidos chicos. Hoy, los partidos chicos no saben a qué árbol arrimarse y tampoco tienen precandidatos que realmente los metan en la competencia. El caso más interesante es el del Partido Revolucionario Institucional. Roberto Madrazo no ofrece garantías competitivas ni siquiera dentro de su propia formación política.
La eliminación de Arturo Montiel de la contienda interna supuso la eliminación de un amplio grupo de priistas que, ahora, no hallan la forma de participar en el proceso de elección del candidato y, en algunos casos, parecieran dispuestos a perder la posibilidad de competir en la contienda constitucional, a cambio de impedir que Roberto Madrazo se quede con la candidatura. Esa circunstancia rebota afuera del propio partido tricolor. El tiempo comienza a presionar al Verde Ecologista y, si el priismo no resuelve qué hacer en las próximas semanas, su natural aliado podría entrar en duda. Y, en rigor, lo mismo está pasando con el Partido del Trabajo. Acostumbrada a vivir de prestado, esa formación entró en crisis. Algunos quisieran sumarse al PRI, pero no saben de qué PRI hablan. Y otros quisieran sumarse al PRD pero les da desconfianza que Andrés Manuel López Obrador no les pague el precio de su alianza. Convergencia, por su parte, lleva meses deshojando la margarita de su participación en la contienda electoral pero, ahora, la fecha del diez de diciembre le da un plazo perentorio. Si ya de por sí esa fecha presiona las decisiones en relación con las coaliciones, las precisiones hechas a la interpretación del Artículo 181 del Cofipe son un nuevo elemento de presión. Registradas las candidaturas de una coalición, éstas no podrán sustituirse salvo por fallecimiento o incapacidad total permanente del candidato postulado.
Esa precisión en la interpretación de ese Artículo coloca a los partidos que viven de prestado en un problema: si se equivocan podrían desaparecer del escenario. El desciframiento de las eventuales coaliciones que se pudieran dar está principalmente en el porvenir político de Roberto Madrazo. El tabasqueño no tiene amarrada su candidatura y, curiosamente, las operaciones diseñadas por su equipo de estrategia en vez de asegurarlo lo debilitan de más en más. ¿Qué harán los partidos pequeños, si los partidos grandes están igual o peor que ellos? ¿Qué clase de proyecto político le ofrece a la ciudadanía el conjunto de esos partidos, si ni siquiera tienen uno para sí mismos?
*** En el marco de la irresponsabilidad con la que los partidos políticos vienen actuando desde hace tiempo, la introducción del voto de los mexicanos radicados en el extranjero se presenta como un problema delicado. En el afán de actuar de una manera políticamente correcta, con prisas y con una legislación hecha sobre las rodillas, los legisladores aprobaron conceder ese voto y, ahora, resulta que la instrumentación de ese derecho podría convertirse en la frustración del mismo pero con el añadido de complicar la elección presidencial. Hicieron cuentas alegres los partidos, esperan cuatro millones de votos, una cifra nada despreciable. Pero, ahora, no saben ni siquiera si en verdad atendieron una demanda o inventaron una necesidad que no existía. Como quiera, el próximo 15 de enero, el Instituto Federal Electoral tendrá que saber con certeza el número de votos que probablemente lleguen del extranjero. Y, por lo que se ve, ese número será bajo en extremo. El problema radica en que la mecánica establecida para instrumentar ese proceso sin poner en riesgo la legalidad y legitimidad de esos votos, así como la transparencia en su manejo, está provocando un doble efecto.
El IFE está haciendo un gran esfuerzo en una tarea que, por lo que se ve, arrojará un muy pobre resultado. Podría pensar que ese pobre resultado es lo de menos, pero tan complicada es la instrumentación de ese derecho, que un resbalón podría abrir la puerta a las denuncias de un fraude. Complicado de por sí el proceso electoral y marcado por la idea de que lo que se va a vivir el año entrante no es una elección sino una eliminación política, el IFE tendrá que tratar con pinzas los votos provenientes del extranjero. Pocos votos que, en un descuido, podrían colocar al atareado y no consolidado Consejo Electoral en un problema de una talla muy superior al que se podría imaginar.
*** Con la mano en la cintura, el IFE cree haber resuelto las medidas cautelares que le solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la candidatura ciudadana de Jorge Castañeda. Los consejeros ya dieron por sentado que ese problema quedó resuelto. Ya le dijeron al órgano que se verá la posibilidad de legislar al respecto, aun cuando el resultado de esa legislación podrá aplicarse hasta el año 2012. Y, luego, al interesado le dijeron que se vaya al Tribunal Electoral porque allá van a atender su reclamo sin decirle, desde luego, que en el Tribunal lo van a mandar por un tubo.
El punto delicado es que, hasta donde se sabe, la Comisión no está satisfecha con la burocrática respuesta y piensa llevar a la Corte Interamericana el asunto. Vamos, sienten que la Comisión fue desairada y una cosa era desairar a Jorge Castañeda, y otra muy distinta el hacer de los tratados una suerte de pañuelo desechable. En cuestión de semanas, reaparecerá esa piedra que por lo pronto no ven los consejeros del Instituto Federal Electoral.
*** Con soberbia propia de quien clama venganza, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no movió un dedo para prorrogar la estancia de los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal hasta que concluya el actual proceso electoral. Los asambleístas están molestos con los actuales consejeros, en particular con Eduardo Huchim, por las sanciones que les aplicaron y las restricciones que les impusieron en relación con las precampañas. Tan molestos están que, el acuerdo del IEDF para que se suspendieran las precampañas, simple y sencillamente lo desobedecieron los partidos. Les importó un comino la autoridad electoral porque la van cambiar y, entonces, no hay porqué atenderla. Desde la óptica de los partidos políticos capitalinos, los actuales consejeros no trabajaron a tono con ellos y, entonces, no ven por qué retenerlos. Quieren salir de ellos y colocar un nuevo Consejo. Así, a mediados de enero, esto es, apenas a seis meses de la realización de las elecciones federales y locales, se habrá de renovar al Consejo de ese instituto.
Consejeros que entrarán a organizar y controlar un proceso electoral que ellos no iniciaron. Todo advierte lo inconveniente que resulta colocar en ese órgano a nuevos consejeros que, en el simple proceso de su aclimatación, se llevarán algunas semanas y que después, por su natural inexperiencia en la materia, se verán sometidos a un proceso de “domesticamiento” por parte de los mismos partidos políticos a los que tendrán que vigilar. A los asambleístas y sus partidos muy poco les importó la posibilidad de poner en riesgo el proceso electoral. El punto está en que el actual Consejo no les “acomoda” y van a renovarlo entonces. De los asambleístas del PRD esa decisión no causa la menor sorpresa. El nivel político de esa fracción parlamentaria permite imaginarse despropósitos como ése y otros peores.
Llama la atención, sin embargo, que los asambleístas del PRI y el PAN se hayan sumado, así sea por omisión, a la idea de hacer valer la remoción del actual Consejo. Puede pensarse que es un asunto limitado al ámbito de los partidos capitalinos y las autoridades electorales locales, pero no es así. En el fondo, ese asunto tiene mucho que ver con la ciudadanía que supuestamente representan esos partidos. A los partidos políticos les importó un bledo darle garantías a la ciudadanía en la organización y el control del proceso electoral. No les gustaba el actual Consejo y, entonces, optaron por hacer válida la fecha de su salida. En enero, estaremos viendo un pleito sordo entre perredistas, panistas y priistas por nombrar consejeros afines a los intereses de los partidos, no de la ciudadanía.
*** El hecho es que la jornada electoral está, valga la aparente contradicción, cerca pero muy lejos. Los partidos juegan a que lo único importante es llegar al día de la elección, conseguir los votos necesarios y, bajo esa pobre idea de la legitimación, imponérsele a una ciudadanía que hoy vive el absurdo de verse contra la pared para elegir donde no hay de dónde escoger. En fin que el camino a la elección del año entrante es empedrado.
