“Todos debemos cumplir la Ley”.
Vicente Fox
No sorprende que la Procuraduría General de la República haya decidido hacer su anuncio sobre el no-ejercicio de la acción penal en contra de Andrés Manuel López Obrador al inicio de un puente vacacional. Si hay alguna noticia que el Ejecutivo no quería que se difundiera demasiado era precisamente ésta.
Después de todo, exentar a una persona de la aplicación de la Ley debido a que es muy poderosa es una medida fraguada de riesgos.
Resulta comprensible que el presidente Vicente Fox haya buscado una “solución política” al desacato de López Obrador. El que el aspirante más popular a la Presidencia de la República pudiera ser inhabilitado por un delito real pero menor -el cual implicaba un pago de fianza de apenas dos mil pesos- ponía en riesgo la estabilidad política del país.
El problema es que el propio presidente prometió resolver el tema dentro del marco del Derecho. Pero la solución que encontró con su ex consejero jurídico hoy convertido en procurador es abiertamente violatoria de la Ley.
La PGR ha abdicado de su responsabilidad. La decisión de no consignar a Andrés Manuel, a pesar de que existe en su contra un fallo por desacato, no solamente viola la Ley sino que pone en riesgo la existencia misma del amparo.
Si un funcionario puede desobedecer una suspensión definitiva debido a que es muy poderoso o porque organiza las manifestaciones más grandes del país, el amparo pierde toda eficacia. Y sin éste, los ciudadanos no tendremos ya instrumentos legales para defendernos de los abusos de la autoridad.
La Procuraduría no sólo está violando la Ley sino que también usurpa las funciones del juez. Si el ministerio público determina que existe un delito, como ocurre en El Encino y si hay un probable responsable, en este caso el jefe de Gobierno del Distrito Federal, su obligación es consignar. Los abogados defensores pueden argumentar ante los tribunales que no hay realmente una pena por lo que no existe el delito. Pero le toca al juez o al tribunal colegiado, y no al ministerio público, determinar si efectivamente este argumento es correcto.
La afirmación de que la Ley de Amparo no tiene sanción se ha hecho ya en el pasado. Pero hay jurisprudencia que determina que el artículo 206 de esa legislación, el cual trata de la desobediencia a un auto de suspensión, remite de manera correcta al artículo 215 del Código Penal. Éste establece penas para el delito equiparable de abuso de autoridad que van de los dos a los diez años de cárcel. Por eso el presidente Fox y el ex procurador Macedo de la Concha argumentaron durante tantos meses que sí había una pena para el desacato.
Ésta es la misma razón por la cual el presidente y el nuevo procurador Cabeza de Vaca no quisieron permitir que un juez evaluara el argumento de que no hay pena para el desacato. Ellos sabían que si el asunto se sometía a un juez, éste se vería obligado a aplicar la jurisprudencia existente y determinaría así que las sanciones son las que define el artículo 215 del Código Penal.
Muchos políticos han aplaudido la decisión del presidente Fox y del nuevo procurador Cabeza de Vaca de aplicar una solución política en el caso de López Obrador. No les preocupa que sea violatoria de la Ley. La mayoría de los políticos nunca ha entendido por qué un país necesita un Estado de Derecho. Siguen pensando que un gobernante debe poder tomar decisiones independientemente de lo que diga la Ley. El nuevo papel de los tribunales en la vida pública nacional los deja extraordinariamente incómodos.
Sin embargo, para la enorme mayoría de los mexicanos, para todos los que no somos políticos, para quienes no podemos aspirar al trato especial que hoy se le está dando al jefe de Gobierno de la ciudad de México, la solución política es profundamente costosa.
La única posibilidad que tenemos los gobernados comunes y corrientes de defendernos de los poderosos es si hay una Ley que nos considere a todos iguales. Quizá en el pasado los políticos siempre recibieron un trato especial. Pero esto cuando menos se hacía por debajo del agua. Nadie se atrevía abiertamente a declarar, como se está haciendo ahora, que los políticos poderosos no tienen por qué cumplir la Ley.
OBISPOS
Molestos todavía con la investigación del cardenal Juan Sandoval Íñiguez por presunto lavado de dinero, los obispos de México están aplaudiendo la remoción del ex procurador Rafael Macedo de la Concha. El secretario general de la Conferencia del Episcopado, Carlos Aguiar, acusó ayer al ex procurador de haber actuado con parcialidad. Quizá los obispos no se dan cuenta que una investigación puede servir para exonerar, como ocurrió en el caso de Sandoval, pero que dar a los políticos un trato de excepción bajo la Ley debilita a toda la sociedad.
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