El PRI dejó de ser, el domingo pasado, el partido mayoritariamente gobernante en los municipios hidalguenses. Ese día los votantes decidieron que el partido antaño avasallador encabece 37 de los 84 ayuntamientos de Hidalgo, doce menos de los que ganó hace tres años. De ese modo, el partido que nunca ha perdido la gubernatura ni la hegemonía legislativa (tanto local como federal) ha iniciado su declinación por la vía municipal.
Si el asunto les importara, se diría que los priistas sufrieron ayer otra pérdida, pues se les privó de su derecho a elegir su candidato presidencial. Puesto que el 13 de noviembre coincidirían los comicios locales con la jornada nacional en que ese partido elegiría a su abanderado presidencial, la convocatoria estipuló que este acontecimiento se anticiparía en Hidalgo, y ocurriría el domingo seis de noviembre, pero, conocedores del estado de ánimo de sus miembros, los dirigentes locales pidieron aplazar la fecha, pues juzgaron posible que si debían votar dos domingos consecutivos los militantes de su partido caerían en confusión, con el riesgo de que no se presentaran a la elección constitucional y su ausencia acrecentara la previsible debilidad del partido.
Por lo tanto se estableció el martes 15 para realizar allí la elección de candidato presidencial. Pero a la vista de los resultados del domingo, de sus derrotas, el PRI local no quiso exponerse a la exhibición de sus pobrezas y a última hora canceló la votación programada para ayer. Se adujo que siendo tan abultada la diferencia a favor de Roberto Madrazo carecía de sentido molestar a los priistas de Hidalgo y se les arrebató el orgullo de contribuir a la construcción de esa candidatura. Y los partidarios de Everardo Moreno perdieron la oportunidad, de habérseles permitido volcarse en las urnas, de achicar la amplia brecha que separó a su precandidato del triunfador.
Todavía en los años ochenta el PRI dominaba incontrastablemente la política municipal hidalguense. En los comicios de 1981, 84 y 87 alcanzó 98, 92 y 96 por ciento de los votos, respectivamente (y sólo por circunstancias fortuitas perdió un ayuntamiento, y no a manos de la oposición, sino de un partido palero, el PST). En los noventa se estableció la tendencia a la baja de la votación municipal priísta: 76 por ciento en 1990, 74.7 en 1993. El PRD apareció como una opción que en ese ámbito tuvo mayor presencia que el PAN, tanto que en el primer descalabro serio padecido por el PRI en 1996 candidatos perredistas ganaron siete alcaldías, entre ellas la de Tula, y dos el Partido de Acción Nacional. En los años recientes, sin embargo, creció más la votación panista, que en 1999 fue suficiente para ganar el ayuntamiento de Pachuca, entre otros, y en 2002 para obtener el Gobierno en 23 municipios, entre ellos Tula, Huejutla y Huichapan. El PRD quedó hace tres años a la zaga, con diez ayuntamientos.
El domingo pasado, como efecto de la gira hidalguense de Andrés Manuel López Obrador, su partido registró un avance considerable, pues gobernará trece municipios más de los que rige en este momento y hasta el 15 de enero, cuando se suceden los mandatarios municipales. Sobresalen entre esas victorias las logradas en Ixmiquilpan, Tulancingo y Huejutla (aunque el resultado en esta capital huasteca podría variar porque es leve la diferencia a favor del candidato perredista). El PAN disminuyó brevemente su presencia (de 23 a 21 ayuntamientos) y el PVEM y el PT mantuvieron su presencia marginal, casi siempre derivada de malas decisiones en los partidos que suelen ganar en esos territorios.
Si bien el jefe político de una entidad regida por el PRI es el gobernador (Miguel Osorio Chong en este caso) y a su cuenta debe anotarse el resultado negativo, en esta coyuntura el gran derrotado en Hidalgo es Gerardo Sosa, el dirigente estatal del tricolor, porque además de los números adversos a su partido, resintió pérdidas en municipios donde su voluntad había impuesto candidatos.
Como en 1998, el año pasado Sosa, cabeza de un grupo político al que la voz popular denomina la Sosa Nostra, buscó sin éxito la candidatura al Gobierno Estatal. Aquella vez su premio de consolación fue una curul federal y ahora la presidencia del comité estatal priista. Cuando se ostentaba como contendiente en el proceso interno del ahora gobernador, Sosa inició una demanda civil contra el autor del libro La Sosa nostra, que presuntamente le infirió daño moral. No sólo fue demandado el autor de la obra, Alfredo Rivera Flores, sino también el prologuista (que es el autor de estas líneas), la editorial que lo publicó, la empresa que hizo la composición tipográfica, el diseñador de la portada y el fotógrafo que retrató al autor.
Más de un año después de presentada la demanda, he sido notificado y produciré mi contestación esta misma semana, dentro del término. No admitiré ni negaré los hechos que configuran el escrito inicial de Sosa pues no son propios. Y es que el autoritarismo y la intolerancia del dirigente estatal priista lo condujo al absurdo de imputar daño moral a personas físicas y jurídicas que en absoluto tienen responsabilidad en el contenido de la obra, que es el presunto factor de su desprestigio. La médula de ese contenido, sin embargo, es conocida en Hidalgo desde hace mucho tiempo y Sosa ha consentido su difusión, lo que por lo demás no podría evitar, pues se refiere a una biografía padecida por los hidalguenses, los mismos que ahora han dado la espalda al PRI.
