EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Organización Familiar para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa), anuncia una reunión para el próximo sábado con sus agremiados donde entre varios puntos, se hablará sobre la posible fecha del nuevo proceso de regularización.
El coordinador de esta asociación, ayer se reunió con los medios de comunicación para informar que la idea de la junta, que tendrá lugar en el estadio Rosa Laguna a las seis de la tarde, es comentar al gremio el resultado de su vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
?Tuvimos que ir a aclarar que nosotros no somos contrabandistas, que no somos ni gente susceptible a cárcel, sino que somos personas que pertenecemos y apoyamos al proceso de producción y que los vehículos se utilizan como herramienta de trabajo?, expuso.
Dijo que los magistrados hicieron su aclaración mediante un documento muy importante para ellos donde se establece que ninguna autoridad de ningún nivel puede hacer extorsión y decomisar vehículos.
?Nosotros consideramos que este nuevo comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde aclara y desmiente lo que se habló el miércoles 22 de junio, no tiene porque aplicarse?, dijo Barrios, quien afirmó que esta situación, ayudó a los agremiados de Onappafa, porque agiliza a que se facilite la nacionalización.
En las diferentes fracciones parlamentarias de la Cámara de Senadores y Diputados, se levantaron firmas para que se organice una reunión emergente con representantes de la Secretaría de Hacienda, Economía, diputados, senadores y organizaciones para fijar una fecha del nuevo proceso de nacionalización que podría ser en septiembre.
Alaban función de magistrados.
El coordinador de Onappafa en Gómez Palacio, Jesús Manuel Barrios, alabó la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la problemática que priva en relación a la tenencia de los vehículos de procedencia extranjera.
Añadió que lo más importante es informar a sus agremiados que siempre traigan consigo el documento emitido por la Dirección General de Comunicación Social de la SCJN, con el fin de ampararse contra cualquier arbitrariedad por parte de policías fiscales o federales.