Las procuradurías han abusado del procedimiento del arraigo y detienen a personas inocentes para subsanar sus errores, sin ni siquiera tener un indicio que determine si hay elementos para esta privación; además, esta figura ya está muy manoseada e inclusive ha servido para fabricar delincuentes, señalan algunos abogados litigantes, a raíz de que la Suprema Corte de Justicia se pronunció en el sentido de que esta figura ?arraigo- decretado por un juez en materia penal es contrario a los preceptos de la Constitución, en sus artículos 14 y16.
El abogado Efrén Betancourt Reyes señaló que está de acuerdo con la interpretación que dio la Suprema Corte de Justicia en el estado de Chihuahua, pues considera que las procuradurías de todo el país, con base en esas facultades, ha abusado de esa medida e indica que es violatoria de los artículos citados donde señalan que ?nadie podrá ser privado de la libertad sino es mediante juicio seguido ante los tribunales?, además del artículo 19, que manifiesta que ?ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión?.
Considera que el Congreso debería presentar una iniciativa para la derogación correspondiente del artículo 135 del Código de Procedimientos Penales, mismo que permite el arraigo, pero de seguirlo aplicando, los afectados tendrán que promover el único recurso, que es el amparo.
Dijo que con esta pronunciación de la Suprema Corte de Justicia, se prevé el futuro del artículo 135, que tenderá a extinguirse, pues aunque su origen fue bueno, para dar tiempo a los agentes del Ministerio Público, en algunos casos para integrar una averiguación, en la actualidad se ha visto muy manoseado y en ocasiones ha fabricado delincuentes.
El abogado Fernando Ortega Silerio está a favor de que se declare inconstitucional este tipo de privación de la libertad, pues afirma que la autoridad está abusando de este procedimiento y detiene a personas que son inocentes con el pretexto del arraigo, para subsanar sus errores y al final ni si quieran les piden una disculpa.
Dijo que para que puedan arraigar a una persona debe haber un indicio, pero ?aquí ni saben lo que es un indicio, que determine si hay elementos para realizar esta figura?.
Destacó que aunque se hizo este pronunciamiento para el caso del estado de Chihuahua, en Durango se puede invocar ante la Suprema Corte de Justicia.
Por su parte, Juan Francisco Vázquez Novoa, secretario de Seguridad Pública, dijo que él no se podía pronunciar en favor o en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, debido al cargo que ocupa en este momento.
Sin embargo, indicó que esta decisión provocará una cascada de amparos que pudiera afectar en forma directa la investigación de las procuradurías de los estados y de la República.
Consignarán a sinaloenses
En este semana consignarán a los seis sinaloenses arraigados en un domicilio particular en la ciudad de Durango, luego de que se les detuvo por supuesta actitud sospechosa y que al hacerlos declarar confesaron que venían a matar a la titular de la Dirección de Averiguaciones Previas y al ex director de la Policía Ministerial, aseguró Pedro Chávez Cibrián, jefe de la citada corporación.
Chávez Cibrian dijo que al consignar ante el juez a los seis sinaloenses, éste tendrá que reunir más pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos, pues reconoce que ellos no encontraron las evidencias suficientes.
A raíz de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la figura del arraigo, se agilizaron las investigaciones en cuanto a los seis sinaloenses que fueron privados de la libertad para recabar pruebas de los delitos que se les imputan y consignar de inmediato.
Los familiares de los detenidos se han cansado de acudir a las diferentes instancias de apoyo y de Derechos Humanos, pues consideran que la aprehensión fue injusta y que por el solo hecho de ser del estado de Sinaloa los capturaron, y que ante el Ministerio Público sólo ratificaron lo que habían declarado bajo presión por los policías ministeriales.
Urgen modificaciones
Los diputados locales afirman que el arraigo se tendrá que incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta figura es anticonstitucional.
Apuntan los diputados Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Lorenzo Martínez Delgadillo, del Partido Acción Nacional (PAN), y Lilia Velia Carranza García, del Partido del Trabajo (PT), que dentro de las modificaciones se deben establecer nuevos reglamentos para utilizar esta figura penal.
Yáñez Cuellar destacó que el Congreso de la Unión tendrá que analizar la publicación de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por ello, dijo que esperaría a que esto se diera para que la Cámara baja modifique la Carta Magna.
Desde su punto de vista, la figura del arraigo debe ser sólo para aquellos delitos que se puedan considerar graves, o que se tenga el riesgo de la estabilidad de la sociedad, de ahí que recalcó que se debe analizar si es factible esta postura.
Lilia Velia Carranza García opinó que la figura del arraigo se tiene que adecuar para que las personas que sean afectadas por este ordenamiento no se les violen sus derechos humanos, ya que ?es conocido? que mientras se efectúan la detención los presuntos delincuentes son presionados por los policías ministeriales para hacer declaraciones.
?Ha habido aseveraciones de las autoridades de que hay tortura y esto limita a que la acción del arraigo sea respetando los derechos humanos de los ciudadanos?, expresó.
En este mismo sentido, el diputado del PAN Lorenzo Martínez Delgadillo indicó que el Congreso de la Unión debe establecer esta figura en la Constitución y por ende se deben determinar nuevos mecanismos y reglamentos para poder emplearla.
Expresó que ésta es una ?gran? oportunidad que tiene el Poder Legislativo, ya que mientras esta figura no se contemple en la Constitución, se podrán presentar casos similares en el territorio nacional.
