La democracia es cara. Pero a sus administradores nadie les autoriza para promover despilfarros de 13 mil millones de pesos. En nuestro país los únicos que contarán con beneficios garantizados, mediante contratos, durante el transcurso de la inmediata etapa del “proceso democrático” son el cártel televisivo y radiofónico, algunos periódicos diarios que se publican en las capitales de los estados, los publicistas- propagandistas, los encuestólogos, unas cuantas imprentas y fábricas de gorras, y dos o tres empresas nacionales y extranjeras que hacen los pliegues en los cartones de las casillas e imprimen la papelería electoral.
A los 104 millones de mexicanos -”indios”, negros, mestizos, mulatos, criollos, niños, adolescentes, adultos y ancianos- entre los cuales se prorratearán los 13 mil millones de pesos de gastos electorales autorizados-, nadie les garantiza ningún beneficio. Los triunfadores, incluido el nuevo presidente, pueden resultar hueros, autoritarios, ignorantes, mentirosos, carentes de encanto personal a lo largo del sexenio. Y corruptos. Cualquiera que sea el resultado de la elección de 2006 y del nuevo sexenio, los partidos políticos se mantendrán irresponsables. Nadie les podrá imputar el mal desempeño de su abanderado, ni les exigirá el cumplimiento de las promesas. Los militantes que hubieran votado en la elección interna, no cuentan con medios para sancionar a los incumplidos o corruptos.
La cúpula maneja al partido. Casi todos los partidos funcionan desde la elección de 2000 como receptáculos de dineros públicos dentro de los cuales se efectúan alambicados procedimientos contables para purificar oscuras contribuciones privadas. Son tamborileros mecánicos que ruidosamente repiten el nombre de aquellos individuos a quienes muestran con afeites, trajes y habla urdidos por habilidosos profesionales, diestros en ocultar dislalias, carencias de memoria y precarias inteligencias.
Las inminentes campañas para las elecciones internas serán más fastuosas y dispendiosas que las presidenciales del siglo pasado. La Ley Federal Electoral promulgada en 1973 ordenaba a los partidos abstenerse de organizar los procesos internos como si fueran elecciones constitucionales. La disposición era conveniente. Es conveniente. La directiva partidaria debe ser inequívocamente responsable de la designación de su candidatos y de su desempeño posterior. El partido es un centro de imputación normativa. Su directiva como institución está obligada a sancionar a quien traicione su compromiso político, expulsándolo o sometiéndolo a los procesos civiles o penales que resulten de su desacato.
Es tan apabullante esa responsabilidad que Jesús Reyes Heroles fue obligado a renunciar a la presidencia del PRI cuando señaló: “primero el programa, luego el hombre”. Cuando no es así, los partidos son rehenes de los hombres que asumieron compromisos fuera de los principios y los programas. En el sistema parlamentario inglés -en general en los sistemas parlamentarios y en algunos republicanos, como en el español- cuando el jefe de Gobierno se propone implantar una política que no forma parte del programa que lo llevó al poder, o que altere cualquiera de ellas, convoca a una elección o un referendo que le renueve el mandato, o lo modifique. Los partidos saben que del estricto cumplimiento de promesas y del comportamiento de su más notorio afiliado dependen su permanencia en el poder y la participación ciudadana en las elecciones.
El dispendioso gasto del candidato de PRI en la campaña por la gubernatura del estado de México alejó a los votantes de las urnas. Los ciudadanos concluyeron que la elección estaba amañada y por lo tanto decidida. La compra de votos había sido intensa. Los más variados y eficaces mecanismos para abultar las urnas en favor del partido oficial habían sido puestos en práctica. El movimiento de dinero no tenía precedentes. Sería una pérdida de tiempo acudir a las urnas. El nuevo gobernador fue elegido por sólo 14 por ciento del total de ciudadanos registrados en el padrón.
Los precandidatos del PAN, los del Tucom y Roberto Madrazo han gastado en su promoción para las elecciones internas más de 500 millones de pesos en televisión y radio, que habrán de sumarse a los tres mil millones de pesos que se repartirán entre sí los monopolios televisivos y radiofónicos durante las campañas presidenciales. Y ya comienzan a gastar en esos medios los precandidatos del PRD.
La incapacidad legal del Instituto Federal Electoral para indagar las compras de tiempos de televisión y radio, convertirán en el factor decisivo de la elección presidencial de 2006, a los oscuros personajes que suelen adicionar con abultados donativos el gasto legal de los partidos.
El consejero presidente Luis Carlos Ugalde explicó que la única manera de reducir el costo promedio de cada voto es elevando al máximo el número de ciudadanos que voten. La experiencia del Estado de México permite pronosticar que el voto de 2006 será el más caro de la historia de México.
La actual fórmula electoral mexicana es un dispendio. Otros países la han superado. No es el dinero empleado en insulsa propaganda personal lo que confirma la vocación democrática de una nación. Es la constante divulgación que los partidos hagan de sus principales propuestas y programas. Las autoridades electorales pueden establecer el porcentaje de las prerrogativas económicas que los partidos tengan la obligación de dedicar a ese sencillo trabajo de divulgación. El Ejecutivo federal debe apoyar la tarea. Los ciudadanos, exigirla.
