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MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La condena de diez hombres por el asesinato de una docena de mujeres en la ciudad fronteriza de Juárez no ha hecho nada para apaciguar a las familias de las víctimas y activistas, que denunciaron que las autoridades están más interesadas en cerrar los casos que en encontrar a los verdaderos culpables.
Dos jueces declararon el jueves culpables a diez miembros de dos pandillas criminales por los asesinatos de 12 mujeres de Ciudad Juárez cometidos antes de 1999 y los condenaron a entre 24 y 113 años de prisión.
Algunos de los sentenciados habían permanecido encarcelados anteriormente por más de ocho años.
Las autoridades mexicanas sostienen que 340 mujeres han sido asesinadas en los últimos 12 años en la ciudad de 1.3 millón de habitantes.
Grupos defensores de derechos humanos, sin embargo, consideran que la cantidad de asesinatos es mucho más elevada.
Al menos 100 de esos asesinatos parecieran haber tenido algunos aspectos en común: se trataba de mujeres jóvenes y esbeltas, abusadas sexualmente, estranguladas y arrojadas en el desierto de las afueras de Juárez.
Esther Chávez, directora de Casa Amiga, un centro sin fines de lucro que ayuda a víctimas de violaciones y abusos en Juárez, dijo que teme que las condenas puedan obstaculizar las investigaciones de los asesinatos, especialmente porque algunos de los que fueron declarados culpables expresaron haber sido torturados para que efectuaran las confesiones.
“Si estaban tan seguros de la culpabilidad de estos hombres, ¿porque les tomó ocho años sentenciarlos?”, preguntó.
“Lo que me preocupa es que sea una forma de decir que los casos ya están resueltos, cuando todavía quedan tantas dudas en las investigaciones”, sostuvo.
Grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas se han quejado desde hace tiempo que el trabajo descuidado de la policía y las confesiones forzadas han permitido que los verdaderos asesinos permanezcan libres desde que comenzaron las matanzas, en 1993.
Las sentencias del jueves tuvieron lugar poco después que se asumió José Reyes Baeza, como nuevo gobernador en el Estado de Chihuahua, a lo que algunos activistas sugirieron que las condenas podrían ser parte de un esfuerzo superficial para conquistar la confianza de la población.
“Esto parece más como parte de la política del nuevo gobernador que de verdad un esfuerzo para detener los crímenes porque aquí siguen asesinando a las mujeres”, expresó Marisela Ortiz, de la organización sin fines de lucro Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
“¿Cómo podemos confiar que va a haber justicia si aquí el Estado es juez y parte?”, se preguntó.
