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WASHINGTON, EU.- La periodista de The New York Times, Judith Miller, inició su testimonio ante un gran jurado federal luego que la noche del jueves fue liberada tras su arresto por declinar identificar sus fuentes informativas.
Miller estuvo en la cárcel desde el seis de julio por desacato ante el juez federal Thomas Hogan por rehusarse a revelar el nombre del funcionario en el caso de la identidad de la agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Valerie Plame.
Pero la fuente, quien resultó ser el jefe de Gabinete del vicepresidente Dick Cheney, Lewis Libby, habló la víspera con Judith Miller y la dispensó del pacto de confidencialidad luego que ella había pasado ya 12 semanas en prisión.
Hasta el momento no están claras las razones por la demora en la dispensa de Libby, pero el matutino estadounidense reportó que la decisión del funcionario estuvo precedida de intensas negociaciones entre su abogado y el abogado de Miller.
La filtración del nombre de Plame ocurrió luego que el esposo de ésta, el ex embajador Joseph Wilson, criticó las justificaciones de la Administración Bush para lanzar la guerra contra Irak. Wilson cuestionó la veracidad de la acusación de que el régimen de Saddam Hussein buscó adquirir uranio de Nigeria. Poco después del artículo, el columnista Bob Novak reveló que Plame era agente encubierta de la CIA.
Bajo la Ley estadounidense es un crimen que un funcionario con información privilegiada divulgue deliberadamente la identidad de un agente encubierto. Entre los periodistas que investigaron el asunto están Matt Cooper de la revista Time; Walter Pincus y Glenn Kessler de The Washington Post, y Miller. Ninguno de los tres, ni Novak, enfrentan cárcel, sólo Miller quien paradójicamente no publicó la historia.
A diferencia de 49 estados del país, a nivel federal no existen protecciones para periodistas que rehúsen revelar sus fuentes de información.
Con la decisión de Miller de testificar se allana lo que sería el último obstáculo para la concreción del reporte final del fiscal Fitzgerald, quien deberá determinar si uno o más funcionarios violaron la Ley o cometieron perjurio.
