Entendiendo el acuerdo en el IMSS. El arreglo en el Seguro Social evitó la huelga, pero los acuerdos alcanzados no resolverán a fondo el problema de este programa en el largo plazo, el cual seguirá latente.
El viernes de la semana pasada, autoridades y sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llegaron a un acuerdo finalmente. Si bien esta negociación evitó la huelga, la tan esperada reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del instituto tendrá que esperar más tiempo, ya que los acuerdos alcanzados sólo significan modificaciones menores que ayudan, pero no resuelven el problema en el largo plazo.
Para entender esto, recordemos cómo funciona este esquema. Este tipo de programas se conocen como de reparto y beneficio definido. Es de reparto porque las pensiones de los jubilados en este momento se pagan con las contribuciones que realizan los trabajadores en activo y las contribuciones del instituto. No existe un fondo de reserva.
Es de beneficio definido porque los trabajadores saben exactamente cuál será su pensión al retirarse, que en las condiciones actuales puede superar 100 por ciento de su último salario. Adicionalmente, este programa tiene una característica poco común en el mundo actual y es que el beneficio se obtiene dependiendo de los años de trabajo y no al alcanzar una edad límite.
Para obtener el total del último salario se requieren de 28 años de trabajo, pero se puede obtener un beneficio menor con menos años de trabajo. Este es un esquema viable si existen los suficientes trabajadores en activo para sostener a los pensionados, pero es prácticamente imposible que suceda esto, ya que el crecimiento de la planta laboral no puede mantener tasas crecientes, mientras que la tasa de crecimiento de los pensionados aumenta aceleradamente, lo cual obedece a la propia transición demográfica de la planta laboral del IMSS, la cual experimentó un acelerado crecimiento durante la década de los años 70, cuando se dio una importante expansión de estos servicios, trabajadores que ahora están en vías de cubrir los años requeridos de trabajo para jubilarse.
En consecuencia, el problema de este programa es que no tiene viabilidad financiera. En la medida que aumenta el número de pensionados, los recursos derivados de las contribuciones de los trabajadores en activo no son suficientes, por lo que el pago de pensiones requiere de recursos adicionales del instituto y que se originan en las contribuciones obrero-patronales para otros servicios de salud que presta el instituto.
La reforma de 2004 buscó proteger estos recursos modificando algunos artículos de la Ley del IMSS, pero a la larga esto no será suficiente y entonces habrá que buscar otras fuentes para pagar crecientes pensiones y esto será mediante transferencias de recursos federales, como ocurre actualmente en el caso del programa de pensiones del ISSSTE. Y esto ocurrirá inevitablemente, a menos que exista un Gobierno que esté dispuesto a cargar con el costo político de enfrentar al sindicato de este instituto.
La solución que se alcanzó por el momento consiste en básicamente dos puntos. Un aumento paulatino en la contribución del trabajador, que actualmente es de tres por ciento de su salario, pero que a partir del próximo año será de cuatro por ciento, y así aumentará un punto porcentual anualmente hasta llegar a diez por ciento.
El segundo punto aplica sólo a los nuevos trabajadores que ingresen al instituto y estipula que los años de servicio requeridos para obtener la pensión aumentarán a 35. El primer punto permite aumentar los recursos para el pago de pensiones, pero de manera muy modesta. Además estamos suponiendo que este aumento en la contribución no se compensará en futuras negociaciones contractuales con mayores aumentos salariales, ya que esto significará que el Gobierno (y nuestros impuestos) terminarán pagando este aumento en contribución. Esta posibilidad será una seria tentación en el futuro.
El segundo punto es un cambio relativamente más importante, aunque sólo se verán sus efectos hasta dentro de 35 años. Aún así, si consideramos que la edad más generalizada para jubilarse en la actualidad en el mundo entero es alrededor de 65 años, estamos suponiendo que estos nuevos trabajadores inician a los 30 años de edad, lo cual no suele ser el caso. En suma, cambios modestos, aunque afortunadamente no se dio marcha atrás con los cambios en la Ley en 2004.
Para hablar de una verdadera reforma se requería, o un cambio radical hacia un sistema de capitalización total como el de los afiliados del IMSS, o si se quería mantener el esquema actual de reparto, se requería modificar de manera sustancial algunos parámetros importantes, como fijar el retiro a los 65 años, y no por años de servicio; o por ejemplo aumentar los años de servicio de los trabajadores actuales y fijar el requisito de 65 años para los nuevos trabajadores; y/o aumentar de manera más importante la contribución actual; y/o reducir el monto del beneficio, o encontrar una combinación más efectiva de estos tres parámetros. En este sentido, el problema de largo plazo de este programa seguirá latente, pero sobre todo, ojalá éste no sea el precedente para negociar la reforma en el ISSSTE. Bien por el acuerdo, lástima por su alcance.
alejandro.villagomez@cide.edu
